Altamirano, el municipio donde la parálisis gubernamental es la realidad
A quién querrá engañar el ahora ex síndico de Altamirano, Gabriel Montoya Oseguera, con denunciar un presunto desfalco de más de 300 millones de pesos de las arcas municipales por parte del tesorero Juan Manuel Montaño Albores en contubernio con la alcaldesa María García López.
Si ya presentó su renuncia junto con los regidores Mayra Teresa Pérez López, Óscar Gómez Velasco y Cristóbal Gómez Sántiz ante el Congreso del Estado, desde el pasado 15 de julio, entonces para qué hace tanta bulla y no se va a descansar a su rancho.
El agitador “líder” del municipio, a través de sus incondicionales que le mueven las redes sociales, asegura tener las pruebas fehacientes del desfalco. Si este fuera el caso, entonces por qué no actúa y presenta ante el Ministerio Público, la denuncia contra los dos funcionarios municipales.
De qué se trata su alharaca de que está en condiciones de exhibir las corruptelas de la alcaldesa. La respuesta es muy sencilla: la Fiscalía General del Estado le tiene listo su expediente de las transas que hizo cuando fue tesorero y por lo mismo fue destituido del cargo por la actual presidenta municipal.
Además, sobre él se dirige la investigación del reciente secuestro de la alcaldesa, del tesorero y otros tres personajes del municipio de Altamirano, incluido el esposo de la concejal, quienes fueron llevados a la comunidad El Nance, de Altamirano. A Oseguera se le señala en redes sociales de ser el orquestador del levantón y secuestro.
Sobre lo que pasó en aquella ocasión, lo que la Fiscalía sabe es que la retención de los integrantes del Cabildo, del tesorero y de la presidenta concejal fue para que firmaran, bajo presión, cheques que amparaban los adeudos a los contratistas que “realizaron obras fantasmas” durante el periodo de agosto del 2023 a febrero del 2024. Es decir, no hubo tales construcciones y eso es un delito muy grave.
En todo este embrollo aclaramos que no estamos defendiendo a la alcaldesa ni al tesorero, al final, de existir una denuncia en su contra, tendrán que rascarse con sus propias uñas, pero por el curso de todos los hechos violentos que se han registrado en los últimos tres años y donde ha estado metida la mano de Gabriel Montoya Oseguera, no hay de otra más que “gato encerrado” en eso de que quiere engañar a la autoridad, cuando bien sabe que da patadas de ahogado.
Insistimos, que el ahora ex integrante del Cabildo acuse un desvío millonario, no se trata de que haga públicas las pruebas, sino que las presente ante la Fiscalía y asunto arreglado, que se investigue. En este negocio se dice que hay “deudas millonarias contra empresas constructoras que reclaman su finiquito”, y si esto es cierto, pues se están tardando para interponer la demanda legal.
Ahora bien, a raíz de su envalentonada renuncia a su puesto, la autoridad municipal de Altamirano acusó que la corrupción y la malversación de fondos corre a cuenta de Montoya y lo que intenta es deslindarse.
Lo que es muy fácil de comprobar pues debe haber los documentos que exhiban dónde y quién es realmente el que haya cometido el fraude. La Fiscalía también tiene en su haber la serie de denuncias que existen contra Gabriel Montoya por el delito de secuestros orquestados por el grupo 14 de Agosto, y donde al ex síndico lo tachan de estar involucrado tras bambalinas.
Apenas el fin de semana, en un acto de resistencia, el pueblo y los ejidos de Altamirano decidieron no permitir la entrada de los camioneros que están bajo el mando del grupo 14 de Agosto, quienes son vistos como cómplices en los crímenes y abusos cometidos bajo la administración de Montoya.
El grito de auxilio del pueblo de Altamirano ha mandado el mensaje de que están cansados de tanta violencia y de que no haya progreso en el municipio, pues son tres años donde la autoridad no opera en favor del pueblo.
Sí, como lo lee, tres años donde la autoridad municipal lo que ha hecho es andar escondiéndose de no ser tomados como rehenes por el grupo de Montoya, donde el palacio municipal está cerrado, donde los trabajadores cobran sin desquitar el sueldo, donde la parálisis es total y nadie se hace presente para tratar de resolver esta situación.
Al final, la autoridad finge como que trabaja, se anda escondiendo y los grupos que quieren el poder, como es el caso de Montoya Oseguera, continúa causando ruido cuando lo que debería es estar rindiendo cuentas a la autoridad judicial.
