Actos crueles en penales, una “tortura” para las próximas autoridades
A principios de este sexenio, en el gobierno federal se asumió el compromiso de que la serie de acciones ilegales que se hacían en el interior de las cárceles de México estaban destinadas a desaparecer. Es decir, se acabarían las torturas, los inventos de delitos, la proliferación de armas, droga. En suma, los reclusorios serían la “casa de bien” de quienes se hubiesen portado mal.
Desgraciadamente en los hechos, al interior de los penales las cosas no han cambiado, las buenas intenciones quedaron ahí, y, por lo tanto, el propósito que se había prometido cumplir nomás quedó en eso, lamentablemente.
Porqué se dice, por la sencilla razón de que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, conocido como el Frayba, ha solicitado la intervención del Estado mexicano para que se ponga remedio a una serie de prácticas irregulares que se fincan o aplican contra los reclusos.
Y a decir de la propia organización no gubernamental, tiene las pruebas fehacientes de lo que denuncia. Asegura que, en varias cárceles de la entidad chiapaneca, la complicidad es la que reina entre las autoridades.
Y vaya que no es para menos esto que hace público se practica en los reclusorios: actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como condiciones de hacinamiento. Si somos reales a la situación, esto nunca pudo haberse acabado porque es la forma de operar en este círculo para sacar a relucir verdades que la autoridad carcelaria quiere o para refundir a los internos por recomendaciones que surgen de los que están afuera.
Además, el tema del hacinamiento ha sido de toda la vida pues no hay más espacios donde se resguarde a la población penitenciaria y la delincuencia ha crecido tanto que cada vez se tienen problemas para darles “alojamiento” digno.
La organización en defensa de los derechos humanos, señala que estas prácticas son parte de un “método de actuación del sistema de justicia denominado fábrica de culpables”, el cual viola sistemáticamente el debido proceso legal.
Ciertamente esto ha sido una práctica permanente, un método sistemático que no se modificó con la llegada al poder de los gobiernos panistas, el resurgimiento del PRI en el sexenio de Enrique Peña Nieto o con el actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Aunque el actual mandatario jure y perjure que esto de los maltratos que se daban en las cárceles se terminó de tajo con su llegada, esto no es cierto pues a nivel nacional continúan las historias de gente inocente que ha sido mancillada en su honor al “colgarle” delitos que no han cometido en su vida.
Seguros estamos, eso sí, que el mandatario no sabe a ciencia cierta lo que pase en los llamados centros de readaptación social y que su instrucción no ha aterrizado para que los procesos que se realicen a los internos sean de forma limpia y transparente.
El Frayba documenta que, en Chiapas, en el CERSS No. 17 “El Bambú”, del municipio de Playas de Catazajá, hay sobrepoblación con 478 internos cuando la capacidad máxima es de 120 personas. Lo terrorífico es que en una celda de 9 metros cuadrados mantienen hasta 18 personas.
Esto trae consigo enfermedades reflejadas en ronchas en la piel, síntomas de fiebre, mareos, vómitos y protuberancias de diferentes tamaños, entre otros efectos secundarios presentados en los penales, señala el documento que extendió a los medios de comunicación la organización no gubernamental.
No hay medicinas ni médicos, mucho menos que tengan el seguimiento clínico para descartar epidemias en el interior de las celdas. Un problema serio porque acarrea consecuencias a la salud, exacerbando el estrés, la ansiedad y la depresión.
Por lo tanto, el problema no tiene solución inmediata y contrario a ello, se agrava el problema de los internos del penal que se ubica en Playas de Catazajá. Hace falta infraestructura para darle cobijo a todos, pero también este congestionamiento de hombres y mujeres en las cárceles es el reflejo de las fallidas políticas públicas que deberían brindar oportunidades de empleo, de educación, de servicios de salud gratuitos a la población.
Al fallar el Estado, la sociedad busca cómo hacer llegar los elementos y servicios básicos a la familia, y al no alcanzarlos por la vía legal, se meten en problemas que les ocasiona detención, reclutamiento y a la postre, problemas para tener una estancia, sino placentera, si en condiciones humanas dignas para cumplir con los castigos que la ley impone.
Aunque esto dista mucho de cometer delitos a que las autoridades se encarguen de poner la mano encima para obtener otros fines perversos es necesario que las nuevas autoridades por llegar visualicen este problema, de lo contrario puede desencadenar en una “tortura” en su solución.
