Ayuntamiento, policía y CEDH, ni a quién irle
Otra vez Tuxtla Gutiérrez, y otra vez, la corporación policiaca que tiene récord de denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se ve envuelta en un caso de prepotencia, de violencia y de injurias contra un joven que, para acabarla de fregar, es de origen norteamericano, y quien fue golpeado por un elemento del “orden público”.
Qué contradicción que quienes en lugar de andar vigilando que se preserve la paz y la armonía, sean los protagonistas de hechos violentos que violan los derechos humanos del ciudadano. La agresión de la que fue objeto el domingo 11 de agosto, el joven Froilán, cuando se encontraba sobre el Libramiento Norte Oriente, justo a metros del puente que se construye contiguo a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, lo tiene con un desdén de impotencia por la forma en que se han conducido las autoridades que encabeza Carlos Morales Vázquez
Esta casa editorial documentó la denuncia que hiciera María de Jesús Pérez, madre del joven, quien pidió la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos “para que se aplique la ley en contra de un grupo de policías municipales de esta ciudad, a los que señala de haber golpeado a su hijo, Froilán”.
Froilán fue agredido cuando se tomaba una selfie para mostrar el puente “recién construido” sobre el Libramiento Norte, según cuenta la señora Pérez que le dijo su primogénito.
“Mi hijo sintió cuando lo sujetaron por detrás, y aunque pensó que se trataba de un asalto, se dio cuenta de que era un policía, solo que lo abordó de manera agresiva y lo acusó de ser un ‘halcón’”, comentó la madre al reportero del Diario de Chiapas.
Para aclarar, la palabra “halcón” la interpreta la policía como la acción de una persona que realiza maniobras no permitidas. En este caso, el agente policiaco se extralimitó en su función al aplicar el recurso de la fuerza para solucionar un problema donde no lo había.
El joven explicó que “sólo se estaba tomando una fotografía para sus redes sociales, el policía le dijo que estaba detenido por incurrir en una conducta ilícita, y lo condujo a las instalaciones de la corporación en donde otros dos policías lo sujetaron con fuerza”.
Esta narrativa deja mal parados a los uniformados que de por sí no tienen buena fama, además de que se vislumbra que no tienen el mínimo respeto por la condición integral del joven, quien fue violentado a pesar de que llevaba una credencial por discapacidad que le fue extendida por el Sistema DIF nacional.
El comportamiento de los uniformados echa por la borda la tesis que ha compartido en todo momento el alcalde Carlos Morales Vázquez, quien ha dicho que la compensación que se les da a los agentes policiacos que andan en la calle “exponiéndose” a los peligros, es porque están capacitados para brindar servicios de auxilio y defender a la población.
Un atropello que no tiene ninguna justificación y que no sólo denigra el funcionamiento de la corporación policiaca, sino que deja mal parado a la principal autoridad municipal, que, por cierto, en lugar de poner un correctivo, ignora el hecho.
Lo mismo hace el director de la Policía de Seguridad y Tránsito Municipal, Alexis Zuart, quien ni se inmuta por los cuestionamientos a los que se hace acreedor por parte de la familia del joven agredido.
Mención aparte merece el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez, quien solo figura como funcionario de pacotilla, pues en sus años de “defensor” de los abusos que recibe la ciudadanía, no ha hecho absolutamente nada en favor de los éstos.
En realidad, la función de macetera que realiza el ombudsman es decepcionante pues no protege a los ciudadanos contra los abusos o actos arbitrarios que pueden afectar sus derechos, y en este sentido, la CEDH no tiene razón de seguir existiendo, en perjuicio del erario público, si se empeña en afectar los intereses ciudadanos que debería defender. Ahora sí que como dice el dicho popular, “no me defiendas compadre”.
