Historias de NegoCEOs
Mario Maldonado
El paro de labores de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) era inminente ante la flexibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena de modificar la iniciativa de Reforma al Poder Judicial de la Federación. Lo que llama la atención es que, aun cuando desde el inicio las movilizaciones se gestaron con el conocimiento y la venia de la presidenta del máximo órgano constitucional, Norma Piña, así como de su más cercano asesor, el también ministro Juan Luis González Alcántara, ambos no han querido liderar públicamente las movilizaciones.
El 5 de julio revelé que el Consejo de la Judicatura Federal alistaba un paro de labores hacia mediados de agosto en contra de la reforma judicial que se votará este mes en el Congreso de la Unión. Los funcionarios del CJF acudieron a las instalaciones del edificio Prisma, en Insurgentes Sur, propiedad del Poder Judicial de la Federación, para hablar con los titulares de los órganos jurisdiccionales y transmitirles el mensaje.
El 21 de agosto inició el paro de labores de más de mil 200 juzgadores de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces, que encabeza la jueza Juana Fuentes Velázquez, cercana a Norma Piña, a lo que siguieron otras agrupaciones de integrantes del Poder Judicial, las manifestaciones de miles de estudiantes de universidades públicas y privadas, y finalmente este lunes se aprobó, por mayoría de votos, la suspensión de labores de los trabajadores del máximo tribunal.
Salvo Lenia Batres, el resto de los ministros y ministras de la Corte está preocupados por la reforma que se va a aprobar esta semana en la Cámara de Diputados, la siguiente en el Senado, la tercera semana de septiembre en los Congresos de los estados y la última –que a su vez será la final del gobierno del presidente López Obrador– en el Ejecutivo para su promulgación. Si bien siguen existiendo divisiones y distintos criterios sobre las modificaciones al Poder Judicial, ninguno considera que la elección de jueces, magistrados y ministros es buena idea ni tampoco algo sostenible en el tiempo.
Además de Norma Piña y Juan Luis González Alcántara, los ministros que están más beligerantes –en privado– contra de la reforma son los tres que concluirían su periodo el próximo sexenio: Luis María Aguilar (2024), Jorge Pardo (2026) y Alberto Pérez Dayán (2027). El más vocal durante los foros y parlamentos abiertos, Javier Laynez, igualmente está que revienta, pero se ha enfocado más en intentar construir una estrategia, mientras que Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena y Margarita Ríos Farjat –quienes al igual que Laynez fueron titulares del SAT– han optado por no participar mucho en las discusiones. Finalmente, las ministras Loretta Ortíz y Yasmín Esquivel, sin bien están resignadas –aunque no convencidas de la reforma– apuntan a un nuevo cargo dentro de la nueva estructura del PJF, principalmente al Tribunal de Disciplina Administrativa.
Así, los ministros y ministras, los máximos juzgadores de México, han preferido apartarse de los reflectores para evitar que les lluevan las críticas o los intentos de juicio político que mucho han malbaratado el presidente López Obrador y Morena en contra de los altos mandos del Poder Judicial.
La esperanza, al igual que la de los inversionistas globales y los empresarios mexicanos, es que en las leyes secundarias de la Reforma Judicial se incluyan cambios; por ejemplo, la creación de tribunales especializados en los cuales los jueces y magistrados no sea electos directamente por voto popular, o bien que las elecciones sean únicamente con integrantes de carrera del Poder Judicial.
En los artículos transitorios del dictamen de iniciativa de reforma al PJF se prevé que deben hacerse adecuaciones a la legislación secundaria en un plazo de 90 días.
En tanto, el artículo 10 transitorio determina que la Ley del Presupuesto de Egresos de 2025 prevé todos los recursos necesarios para pagar las prestaciones que correspondan a los trabajadores del PJF. En ese orden de ideas no hay alguna otra previsión sobre legislación secundaria.
¿Se podrán incluir en las leyes secundarias los cambios para apaciguar a los mercados financieros, a nuestros socios comerciales y a los trabajadores del Poder Judicial? Es la pregunta del millón, luego de que López Obrador deje el poder.
@MarioMal
