Dr. Roger Heli Díaz Guillen.
En días recientes (17/sept/2024) se publicó en diario nacional una nota donde se denuncia la expulsión de cuatro familias Lacandonas lidereados por Chankin Kimbor Chanabor de la comunidad Lacanjá Chanzayab, sorprendiendo el interés que está detrás de la nota ya que esta insiste en un contenido que el tiempo, un año del supuesto hecho, ha probado ser una mentira que pretendió ser verdad con objetivo de vincular al pueblo maya lacandón con la delincuencia organizada, dañando su honorabilidad y afectando a su economía con el turismo que tuvo su impacto a finales del 2023 y principios del 2024.
Hace un año, 14 de septiembre del 2023, se publicó y circuló en redes sociales una nota sobre un helicóptero de gobierno que sacó de forma emergente a líderes indígenas de la selva lacandona, dentro de ellos al presidente del comisariado de bienes comunales de la comunidad zona lacandona del municipio de Ocosingo, Chiapas, lo cual no resulto cierto, en razón que de nueva cuenta el 20 de febrero del 2024, cinco meses después, se volvió a publicar que “familias lacandonas huyeron de la selva por violencia que prevalece en la región”; para luego en abril nuevamente se denunciara en medios el mismo supuesto hecho por parte de Chankin Kimbor Chanabor ya ex comisariado de la comunidad Zona Lacandona; resurgiendo y magnificándose el hecho en septiembre de este 2024.
El ex comisariado y ex líder indígena que actualmente no representa socialmente a nadie más que a su familia (tres hermanos que lo acompañan), manifestó y solicitó en escrito en febrero del 2024 al presidente y gobernador que “integrantes de grupos del crimen organizado le devuelvan su casa y su parcela” que desde el 13 de septiembre del 2023 fueron desplazados; destacando el supuesto afectado que en asamblea de marzo del 2023 su comunidad acordó que tomarán posesión de su casa y otras propiedades, cuando en verdad el reconoce que fue en septiembre del 2023 que fue presuntamente desplazado y no desde marzo por acuerdo de asamblea como lo afirma el responsable de articulo que motiva el presente; mucho menos ser cierto las más de mil hectáreas que sin fundamento se afirma les fue despojado por el pueblo maya lacandón con cabecera en la comunidad Lacanjá Chanzayab.
En este marco se afirma que la nota reciente es un recicle que erróneamente o con intereses insiste en buscar culpables y NO abonar a la unidad y reconciliación entre pueblos que es el fondo del asunto, ya que el marco en que se da este supuesto desplazamiento es precisamente el juicio agrario 215/2022 que se sigue en el tribunal tercero unitario agrario con sede en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, que busca atender el orden comunitario y la división interna del territorio comunal que comparten tres pueblos indígenas: Lacandón, Tzeltal y Chol, que actualmente se encuentra en la etapa de conclusión de los trabajos periciales topográficos, destacando acuerdos y minutas de avances en el dialogo entre los pueblos Lacandón y Chol respecto a sus límites y; el desinterés de colaboración del pueblo tzeltal donde comparte domicilio el presunto líder lacandón Chankin Kimbor Chanabor y tres hermanos supuestamente expulsados y/o desplazados.
Lo cierto del tema es que Chankin Kimbor Chanabor y sus tres hermanos con residencia en Lacanjá Chanzayab y barrio Bonampak voluntariamente cambiaron de residencia y emigraron a la comunidad Nueva Palestina de población tzeltal, dejando sus casas cerradas y que a la fecha nadie ha tocado o ingresado, destacando la casa de Chankin Kimbor Chanabor en la comunidad Lacanjá Chanzayab que está protegida con malla ciclónica y alambre circular de alta tensión; siendo importante destacar que la determinación libre de los presuntos afectados de radicar en otra comunidad obedece a que estos traicionaron a su pueblo indígena maya lacandón y se aliaron a los intereses de la mayoría comunal compuesta por tzeltales y choles (más de 1, 660 contra 225) que nombró al citado lacandón como presidente del comisariado de bienes comunales.
Los traidores del pueblo lacandón en la nota periodística observada son asumidos como víctimas de un pueblo indígena, que a decir verdad pretendían hasta antes de avanzar el juicio agrario citado repartir toda la tierra comunal y selva lacandona en parcelas para decenas de miles de hijos de comuneros y campesinos invasores de tierras comunales que forman parte de la misma organización campesina regional de los lideres comunales tzeltales; lo que hoy basado en trabajos ordenados por un tribunal para conocer lo que estatutariamente le corresponde del territorio comunal a cada pueblo indígena, dejó sin efecto este propósito salvando a la selva de un destino que no se cumplió al prevalecer el orden comunal de división territorial comunitario, artículo 109 del estatuto comunal.
Este marco invita a observar que la libertad de expresión debe encontrar sus límites en los objetivos de paz y convivencia de los pueblos indígenas, ponderando el dialogo en la búsqueda de consolidar la ruta asumida en juicio y por los pueblos chol y lacandón para materializar geodésicamente la división que da paso al desarrollo y libre determinación, autonomía organizativa y territorial. Si ello avanza, en el camino los tzeltales se sumarán a la verdad jurídica e histórica donde el pueblo lacandón es dueño originario del territorio comunal desde 1971, hoy en disputa y rumbo, que “voluntariamente” con asesoría del gobierno en la década de los setenta decidió compartir su territorio con los pueblos tzeltal y chol.
La paz y reconciliación basado en hechos y verdades históricas es ruta en proceso en la selva lacandona. La justicia agraria lo fortalecerá mediante el juicio agrario. El dialogo es una necesidad convergente y continua. Caminemos por la selva, libre determinación y territorios de los pueblos indígenas. Continuar y abonar a la división comunitaria en la selva lacandona es destinarla a su destrucción y negar el desarrollo de sus pueblos con justicia y dignidad.
