- Antonio Flores Flores alias “La Sardina” y su fiel lacayo Adriana Macías Culebro, son los defensores legales de esta agrupación de cuello blanco
Enrique Buenros tro / Diario de Chiapas
A pesar de que Viviana Zuarth, integrante del Cártel Inmobiliario sigue en la cárcel, este caso no termina todavía; por lo que tanto afectados como la sociedad chiapaneca está muy pendiente de lo que pueda pasar con este caso en esta transición de gobierno.
Las alarmas ya están encendidas y los afectados están muy atentos para que no vaya a existir una jugada que pueda sacar a Viviana de los separos y siga pagando por el fraude enorme que junto con Erick Romero Peimbert y Gustavo Flores Alfaro han realizado.
La preocupación aumenta ya que Antonio Flores Flores alias “La sardina” y su fiel lacayo, Adriana Macías Culebro, ambos abogados reconocidos por ser los defensores legales del Cártel Inmobiliario de Chiapas, han señalado que, bajo la complacencia de los representantes del Poder Judicial del Estado, su sobrina Viviana saldrá de la cárcel antes de que inicie la nueva gubernatura.
Desafortunadamente esto resuena con mucha fuerza debido a que se ha visto las incontables carencias para ejercer e impartir justicia en el estado el Tribunal de Justicia.
“La corrupción en los Tribunales y Centros de Readaptación Social (Cerss) en el estado es ya un estilo de vida y una fuente de ingreso económica para la mafia que se ha envuelto de conexiones dentro del Tribunal, esa red pro tráfico de influencias”.
Señalaron también que, en los procesos jurisdiccionales, “no es posible que Erick Romero Peimbert y Gustavo Flores Alfaro, además de seguir prófugos de la justicia, sus carpetas sigan siendo manipuladas para otorgar amparos a la par que se otorga la orden de aprehensión, eso es algo que nos hace constatar que en el interior del Poder Judicial, realmente no existe justicia como tal, sino una maquiavélica red de tráfico de influencias que hacen lo posible para que estos dos hampones sigan en libertad”, agregaron.
Los cientos de afectados en primera o segunda instancia por este tipo de escorias sociales esperan que, a la llegada del gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar las cosas tomen un rumbo de firmeza de justicia ya que “como ciudadanos nos merecemos legalidad”, concluyeron.
