¿Recompensa para ubicar a Erick y Gustavo, los integrantes del Cártel Inmobiliario?
Los influyentes personajes que se dicen abogados del pueblo, sí, aquéllos supuestos defensores del pueblo, también hay que resaltar que tienen la delicada afinidad de meter las manos por verdaderos delincuentes, cuya destreza es involucrar a funcionarios públicos, así como corromper a los hombres y mujeres de los tribunales y áreas donde se sellan, firman y agiliza el papeleo para sacar adelante documentos apócrifos, los que sirven para estafar a incautos ciudadanos que caen en las manos de despiadados hombre que tuercen la ley para obtener expedientes o casos con los que han amasado fortunas.
En razón de esta introducción, las tertulias donde se presenta Antonio flores y Adriana Macías Culebro, presumen que tienen el aval de las autoridades del Poder Judicial del Estado, para echar abajo por improcedentes, las acusaciones que honorables y luchadores hombres y mujeres, ya de edad avanzada, sobre todo, han interpuesto contra los “clientes” de estos miembros que manchan la abogacía, por solapar la estafa de sus viviendas y terrenos, y en la que sindican directamente a Viviana Zuarth, la esposa y socia de uno de los cabecillas del Cártel Inmobiliario que opera en Chiapas.
Los abogados vociferan que su clienta saldrá en libertad cuestión de semanas, quien se encuentra recluida en la cárcel, donde se le lleva un proceso penal por las acciones corruptas que hizo junto con Erick Romero Peimbert y Gustavo Flores Alfaro, los afamados líderes del Cartel Inmobiliario de Chiapas que desgraciaron la vida de decenas de personas, algunos incluso ya hasta perdieron la vida.
El punto delicado es que los que mancillan la labor de los abogados, para ejercer presión, tiran el anzuelo para involucrar mediáticamente a servidores públicos del Poder Judicial del estado. Una situación inadmisible que obliga a los funcionarios de primer nivel transparentar el ejercicio de aquellas personas que pudieran estar involucradas, y permitir que la Fiscalía General del Estado investigue a profundidad la labor de éstos y actúe con rapidez para lograr la captura de los prófugos de la justicia, pues al final Erick y Gustavo son las piezas claves para conocer quiénes son los que los ayudaban a falsificar documentos que les presentaban a quienes les estafaban sus inmuebles.
Está claro que en estos momentos no es nada agradable ser el abogado de los delincuentes de cuello blanco, pero, sobre todo, que estos “defensores legales” digan que sus clientes son inocentes, pues si lo fueran no anduvieran huyendo.
Lo importante es que las autoridades no permitan que por artimañas legaloides se libere a Viviana, la sobrina de “La Sardina”, como apodan a Antonio Flores, pues sería un duro golpe para la actual administración estatal, pues si lograron responder a la presión de detener a una de las integrantes del Cártel, que la dejen en libertad con la ayuda de alguna autoridad judicial, entonces la situación dejará muy mal parado a las autoridades y se mandaría un mensaje de que las corporaciones de este poder, siguen atendiendo las peticiones de liberar a los clientes de los abogados a base de “billetes” que reparten a diestra y siniestra.
El hecho es que esto que se cita lo dicen las propias víctimas del Cártel, pues a lo largo de más de una década han visto como todo el proceso judicial se desvanece en su contra por el tráfico de influencias que ha ejercido La Sardina y Adriana Macías.
Lo delicado del caso es que se sabe de buena fuente que las carpetas judiciales siguen siendo manipuladas para otorgar amparos en favor de Erick Romero Peimbert y Gustavo Flores Alfaro, quienes de ser cierto que no tardan en pasearse con la “frente en alto” por las calles de la capital, sería una sería afrenta para las autoridades de justicia en los ámbitos federal y estatal.
Es más que urgente que el gobierno que se va y el que llega atiendan las denuncias de los afectados, quienes aseguran que Viviana tiene un pie fuera de la cárcel, además de que aceleren la búsqueda de los hampones Erick y Gustavo.
La presentación de estos dos sujetos ante la justicia sería tan importante como darle paz interna a las mujeres y hombres que perdieron el patrimonio que forjaron toda una vida.
Si en el reciente caso del feminicida que acabó con la vida de Lupita, la niña que vendía dulces en las calles de Tuxtla, se aceleró la investigación hasta pedir una recompensa por dar con el paradero de Víctor, el asesino, no estaría nada mal que hagan lo mismo para pedir informes sobre el paradero de los maltrechos integrantes del Cártel Inmobiliario. Esta es una buena razón para agilizar su detención.
