¿Seguirán solapando las corruptelas de los alcaldes? Berriozábal, un ejemplo

La reciente publicación de Diario Media Group, sobre la detección del fraude que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó en el manejo de las cuentas públicas del año 2023 por más de 22 millones de pesos contra el alcalde de Berriozábal, Jorge Acero Gómez, pone a temblar a muchos políticos que hoy se encuentran en la cúspide de sus funciones legislativas.

Una, no sólo porque evidencia que este sujeto, el edil que se reeligió, sigue haciendo un gran negocio con los dineros el Ayuntamiento, sino que pone en evidencia la colusión, la complicidad que hubo y sigue prevaleciendo con el impuesto diputado “indígena”, José Uriel Estrada Martínez, ex auditor, y la pasada LXVIII Legislatura local, de la cual muchos de sus integrantes están cómodamente instalados en una curul en el Congreso de la Unión o se pavonean que están seguros que agarraran “hueso” en la próxima administración estatal que está por iniciar el 8 de diciembre próximo.

La Cuenta Pública ASE/OAC/021/2024 revela irregularidades en el Ayuntamiento de Berriozábal, este municipio donde la inseguridad está a tope, tanto que las ventas de plantas y comida regional que se hace los fines de semana en el parque central, han caído estrepitosamente que la población, principalmente de Tuxtla Gutiérrez, ha dejado de asistir por miedo a que una bala perdida acabe con su existencia.

No es para menos esta delicada situación, pues la violencia que impera en este municipio no le importa ni le preocupa, menos que le ocupe a Acero Gómez, pues mientras él y su familia estén a buen resguardo hace como que trabaja y, además, simula que hace presencia física en este municipio que, en lugar de estar ubicado en la desgracia, debería ser un orgullo para el estado por ser conocido como la ciudad de las hamacas.

La pregunta obligada, derivado de la experiencia negativa que se ha tenido con ejemplos de alcaldes que han fallado a su pueblo y que pasada su gestión, terminan siendo los millonarios del municipio, es si la nueva Legislatura, la LXIX, así como la Fiscalía General del Estado, se deciden a investigar las irregularidades nos sólo del edil de Berriozábal, sino de todos aquellos que en este momento andan de vacaciones, tras dejar su puesto, pero como dice Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, “con las alforjas a tope de dinero”., sin que nadie los moleste.

En lo dicho, no sólo le toman el pelo al pueblo, sino que exhiben la confabulación entre autoridades, y esto, en la nueva ERA, debe de terminar y por lo tanto, se estará obligado moralmente y sustentado en la ley, que se inicien las investigaciones correspondientes porque ya basta de tanto cinismo.

O no es razón suficiente que la Fiscalía General actúe con rigidez para investigar dónde andan rondando la transferencia incorrecta de 841 mil 142.96 pesos del Fondo General de Participaciones, generando una disponibilidad presupuestal ficticia.

Sí que es grave que la propia Auditoría Superior del Estado señale estos términos pues ficticio es lo mismo a burlarse o tergiversar el manejo de los dineros del pueblo, de los impuestos que éste paga para que gobiernen con transparencia.

Si a ello no se le llama corrupción entonces no tiene caso estar simulando que se aplica la ley sin distinciones. Transar 430 mil 203.19 pesos en la supuesta compra de material eléctrico, pues se careció de documentación de respaldo, como comprobantes del uso y destino de los recursos, lo cual fue clasificado por la ASE como daño al patrimonio municipal, también es corrupción.

La burla y el engaño no tienen perdón de Dios, o diga si no, pues la Auditoría señala que el alcalde reportó 1 millón 335 mil 160 pesos para servicios de maquinaria sin contar con facturas válidas, algunas de las cuales se encontraban canceladas en el SAT.

Mentir con sobre montos en la construcción de obras y una decena de servicios más, son no solo una burla, reiteramos, sino una bofetada a la autoridad que se queda callada y se convierte en cómplice de las corruptelas de este cínico personaje.

Morena se convierte en el partido compinche, encubridor y protector de los actos de corrupción, debería levantar la voz, pues con su silencio no hace más que solapar las irregularidades. La LXIX Legislatura, la FGE y el próximo gobierno, tienen en sus manos la oportunidad de transparentar las barbaridades que comete no solo Jorge Acero, sino también lo que hicieron otros “distinguidos” como Carlos Morales Vázquez, en Tuxtla, Juan Antonio Castillejos Castellanos, de San Fernando, por citar a los más señalados que siguieron estas prácticas.

Además, la propia Legislatura local debería estar preparando la destitución de usurpador de la curul indígena, José Uriel Estrada Martínez, en su periodo de auditor, quien fue el principal promotor de que la corrupción en los ayuntamientos no se castigara conforme a la ley.

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