ASE destila tufo de corrupción; robo pone en los reflectores a diputado indígena
Lo dijimos hasta el cansancio y “nadie se había dado cuenta”: en la Auditoría Superior del Estado (ASE) existe una pudrición de corrupción desde los tiempos del hoy diputado indígena, que fungió como auditor, José Uriel Estrada Martínez, tanto que el asalto, atraco o robo que se ejecutó en las instalaciones de la dependencia el fin de semana, confirma lo que tanto señalamos en estas páginas y en este mismo espacio: “las cuentas no cuadran y alguien quiere meter mano para borrarlas”.
Quién más que mentes maquiavélicas que robaron los dineros de los chiapanecos podrían ser los sospechosos del hurto de equipo digital que contiene los documentos y pruebas de las auditorías que la institución fiscalizadora ha realizado contra los presidentes y presidentas municipales que ejercieron funciones de 2021 a 2024.
Con solo la intención del hurto, el tiempo nos la da la razón de que al interior de la ASE las cosas no se estaban haciendo bien en el sentido no de que la gente no hiciera su trabajo, sino que el jefe maniobraba a su conveniencia.
Hoy, los señalamientos se dirigen hacia el legislador usurpador “indígena” porque a ocho meses de que se fue, las auditorías correspondientes a 2022 y 2023 tienen serias inconsistencias y por lo menos una veintena de alcaldes, principalmente, se sirvieron con la cuchara grande.
El modus operandi del robo, según explicó la misma Fiscalía General del Estado, tiene signos inequívocos de que quién orquestó el asalto a la dependencia fiscalizadora sabía lo que hacía, hacia dónde dirigirse en específico y seguramente contó con la ayuda de algún empleado de la ASE, que en este caso, sin ser especialistas en la materia, debe tratarse de personal que ayudó a cuadrar en su momento los expedientes.
Tampoco se trata de echar culpas al vapor, pero en este caso lo primero que deberíamos haber leído o escuchado es una postura enérgica del ex auditor, actualmente legislador por el PVEM, a quien le debieron haber aconsejado que “calladito se ve más bonito”, así como lo hizo en el 99.9 por ciento de todos los casos de presunta corrupción cuando estaba al frente de dicha institución.
Además, en este tema habría que destacar la posición que asumieron de inmediato, tras conocer la noticia, los titulares de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, Mario Guillén Guillén y Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, respectivamente, quienes lamentaron que se atente con la transparencia y la rendición de cuentas.
Lo grave del asunto es que, si el hecho se cometió minutos antes de que terminara el viernes, como lo reconoció el propio Auditor Especial en suplencia del Auditor Superior del Estado, Wenceslao Francisco Calderón Maza, se haya hecho oficial hasta la tarde del domingo, cuando la ASE emitió un comunicado relatando de manera escueta los pormenores del incidente.
Esta posición también pone en evidencia el trabajo del encargado de la Auditoría, pues la sospecha se centra en que tuvo más de 40 horas para reportar el suceso y en ese lapso poder operar para cuadrar o modificar el escenario de los acontecimientos.
Este retraso fue avalado por la propia Fiscalía General del Estado pues emitió un boletín a eso de las 18:00 horas, cuatro horas después de que hiciera lo propio la ASE, a eso de las 14:00 horas, institución que en su comunicado informa que el robo del equipo de cómputo se realizó cerca de las 23:30 horas.
El “sospechosismo” da pie a que en este caso “hay mucho gato encerrado”, por lo que los especialistas en las investigaciones ministeriales tienen mucho trabajo que hacer y no sólo se centra en la revisión de las cámaras de la institución, que a estas horas ya deben tener la información a detalle, sino que su visión tendrá que explayarse a otros personajes de la política que no deben estar muy seguros que estén durmiendo sin tener pesadillas.
Además, no hay que ser tan ingenuos que algunos de quienes forman parte de la LXIX Legislatura, fueron alcaldes en estos ejercicios municipales y contra quienes recaen también las sospechosas, por ello la investigación tiene que ser tan abierta, que le dé legitimidad a quienes están en el Congreso del Estado para exigir que se investigue hasta el fondo del asunto, caiga quien caiga, pues lo que se requiere es que la transparencia que dice la Cuarta Transformación se práctica en este gobierno, llegue hasta el final.
La Legislatura pasada tampoco debe exonerarse de ser investigada por la sencilla razón de que, durante toda la gestión de José Uriel Estrada Martínez, no le encontraron el mínimo detalle de que haya “limpiado” las cuentas de los alcaldes. Insistimos, el sólo hecho de vulnerar a la institución fiscalizadora, da a pensar que el abanico de presuntos sospechosos es tan grande que no dude que pueden empezar a rodar cabezas dado que las investigaciones darán motivo para ir sacando los “trapotes al sol”, con tufo de corrupción
