La aplicación de la ley va en serio; Comitán, el ejemplo
Lo que pasó en Comitán el domingo es la clara referencia de que este gobierno no se andará por las ramas para restablecer el estado de derecho. La llegada de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal para combatir la inseguridad no cayó bien entre supuestos transportistas que forman parte de una mafia que se confabuló con autoridades de la entonces Secretaría de Movilidad y Transporte, donde operó con total libertad, el otrora titular Aquiles Espinosa García.
Hoy, sin proponérselo, el propio mandatario estatal, Eduardo Ramírez Aguilar, se dio cuenta de la cloaca que existe en el interior de esta dependencia que hizo más rico al amigo incondicional de Carlos Morales Vázquez, el ex edil de Tuxtla que buscó encumbrar a Espinosa García como alcalde de la capital bajo el manto protector de Morena, que a tiempo se dio cuenta de que le estaban haciendo de “chivo los tamales” si apoyaba al que nunca dejó de ser un priista consumado.
La llegada del operativo Pakal a la región fronteriza movilizó a las huestes de transportistas, a quienes se les hizo fácil implementar un bloqueo en entradas y salidas de este municipio. La presión que intentaron manifestar contra la autoridad obtuvo una respuesta inmediata por parte de la policía estatal, la cual fue aplaudida por la ciudadanía que en redes sociales reconoció la nueva cara que trae la administración de Ramírez Aguilar para hacerle frente a la delincuencia y a los grupos que se escudan en la supuesta lucha social.
Insistimos, el anterior gobierno estuvo manco ante la presión de las organizaciones sociales y ni las manos metió para enfrentar a la delincuencia organizada, porque no tenía la instrucción del presidente de entonces, que navegó con la bandera de “Abrazos, no balazos”.
En cambio, a raíz de la desestabilización sin razón que pretendían hacer algunas autoridades municipales locales, la orden fue el desalojo inmediato y la detención de por lo menos de 30 personas del fuero común, y otras 92 policías por obstruir la labor de las fuerzas de seguridad pública, de acuerdo a un reporte de la Fiscalía General del Estado y es aquí donde suena con fuerza la política del gobernador cuando afirma que, en Chiapas, desde su llegada al poder, “la ley no se negocia”.
El mensaje claro para todo aquel que lo quiera entender lo reflejó en un par de frases que publicó en sus redes sociales donde acentuaba que “se acabaron los tiempos en que la delincuencia actuaba sin control; hay autoridad y habrá orden”.
De buena fuente se tiene conocimiento que la orden no es sólo para el cuerpo policiaco, sino también para todos los servidores públicos que hicieron del sexenio pasado, una forma relajada de trabajar y que con su parsimonioso actuar, facilitaron que la delincuencia hiciera lo que quisiera porque simplemente se desatendían de las denuncias que la ciudadanía presentaba a través de los números donde se reportaban hechos delictivos o denuncias anónimas sobre sucesos relevantes.
En el llamado C5, donde se recibían las denuncias, andaban de día de campo, hoy se sabe que la orden ha sido tajante: rolar al personal, capacitarlo y estar atento las 24 horas del día, los siete días de la semana, a toda querella o servicio social que requiera el ciudadano chiapaneco.
Pareciera que esto fuera poca cosa, pero si se toma en cuenta que la solución a los problemas se está dando de raíz, entonces casi estamos convenciéndonos que la promesa que hizo el gobernador de que en los primeros seis meses de su gestión devolverá la tranquilidad a Chiapas, será una realidad.
Ahora que el gobernador Ramírez Aguilar ordenó a la Fiscalía General del Estado para que se lleven a cabo todas las investigaciones para llegar hasta las últimas consecuencias con los responsables de las protestas del domingo en Comitán, entre ellos propietarios de los vehículos “concesionados”, que bloquearon las entradas y salidas del municipio, inconformándose por la llegada del operativo Pakal, ya empezaron a preocuparse los que hicieron de la entrega de placas y permisos, un negocio redondo.
Por lo pronto hace falta que la autoridad judicial explique a detalle sobre qué concesiones fueron entregadas, sí respondían con los lineamientos y qué funcionarios podrías estar involucrados en este desaguisado perpetrado en Comitán.
Hoy es un buen día para que los desamparados políticos que hicieron de las suyas en el sexenio pasado y los hoy vigentes que quieren desestabilizar, pongan sus barbas a remojar, pues no tarda en que la guillotina les caiga.
Hay que destacar el exhorto “amigable” de Ramírez Aguilar a los alcaldes, así como a los directores de Seguridad a estar alineados a la estrategia, y la advertencia se escuchó hasta los recodos de la zona Fronteriza cuando dijo que quien tenga colusión con la delincuencia organizada se va a enfrentar con la ley y las investigaciones.
Si no han entendido que el combate a la inseguridad va en serio, sería propicio decirles a los frustrados políticos que mejor empiecen a rezar para que no sean noticia de ocho columnas.
