Buscan empoderar a la mujer indígena, pero solapan a usurpadores como Estrada Martínez
Chiapas debe ser en automático, una de las entidades centrales donde la celebración de las mujeres indígenas para el 2025, tendría que redundar en su beneficio, en ayudarlas a sobresalir, a dejar ese pasado empedrado que las ha empobrecido y mantenido al margen del desarrollo que las comunidades étnicas deben gozar, como cualquier pueblo o ciudad del país.
El 2025 ha sido declarado como el Año de la Mujer Indígena y resaltar el rol que juega en nuestro país, en la lucha por la emancipación y por los derechos de los pueblos indígenas.
Un propósito que debe ser titánico y hasta imposible de cumplir en todos sus ámbitos, no porque no se pueda ni se quiera, sino porque para ello hace falta desterrar los prejuicios que sotierran a las mujeres desde hace décadas, a quienes sus parejas las utilizan meramente como objetos y no como sus verdaderas compañeras de vida o darles el valor que como madres tienen derecho.
Además, hace mucho dinero para alcanzar esos objetivos que se pretenden lograr y armarse de paciencia para alcanzar la meta de empoderarlas, de meterles el chip de que a la vista de todos, tienen los mismos derechos de que todos y todas somos iguales.
La tarea tiene que contemplar mejorar todo el sistema de salud, emprender campañas de concientización para no tener los hijos del mundo, como si esa fuera su única función como mujeres.
En educación existe una tarea titánica porque justo el analfabetismo ha sido el peor fracaso de todos los gobiernos que se han tenido, por la sencilla razón de que así, sin argumentos para protestar, para levantar la voz, es como a la autoridad le conviene tenerlas, apaciguadas, controladas.
Hay que llegar a las comunidades para orientarlas, para animarlas para que acudan a la escuela, para que salgan de ese marasmo de conformismo en las que han encasillado por conveniencia propia para los fines políticos que persiguen los que están y han estado en el poder. Así de simple.
De acuerdo con el Censo de Población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2020 (Inegi), hay empadronadas 11.9 millones de personas de la población indígena en todo México, de las cuales el 51.4 por ciento, son mujeres. Un 46.7 por ciento de las mujeres y 39.9 de los hombres están en rezago educativo.
En Chiapas la población indígena es equivalente a 957,255 que representan el 26% de la población total (de un total de 6 millones), habitando principalmente en los municipios de Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Chilón, Chamula, Tila, Las Margaritas, Salto de Agua, Palenque, Oxchuc, Tenejapa, Zinacantán, Tumbalá, Chenalhó, Tuxtla Gutiérrez y Yajalón.
Las lenguas indígenas que predominan en el Estado son Tzotzil, 36%; Tzeltal, 34.4%; y Chol, 17.4% y de éstas se tenían contabilizadas en el Inegi poco menos de un millón de mujeres que hablan una lengua indígena, además de que la entidad es considerada con la mayor multiculturalidad y multietnicidad de México, con más de 12 grupos indígenas que representan el 28.3% de la población total.
Números crudos y reales que dan un panorama general de lo que tendría que enfrentar el gobierno federal, hablando de esta entidad sureña en particular. Por ello, presumir que se tendrá un logo oficial con cuatro mujeres que representarán el emblema que se persigue tiene razón de ser, pero eso no es lo importante, aunque sí es válido para ir dándole identidad al proyecto. Lo trascendental al final es la atención que se les vaya a dar.
Además, hay que enfrentarse al propio gobierno que se practica en las comunidades indígenas, donde el método de usos y costumbres ha ido recobrando relevancia porque es acá donde la autoridad tendrá compaginar en ideales, metas y propósitos a alcanzar.
A los pueblos de Chiapas se les ha reconocido sus formas de gobierno, de organización, mantener sus lenguas y, por supuesto, sus territorios y su patrimonio, rubros que contempla la reciente reforma a la Constitución aprobada en el Congreso de la Unión en septiembre pasado.
Lo que hay que ir resolviendo es que las mujeres no deben ser discriminadas solo por su condición de indígenas. Nuestra mentalidad tiene que cambiar y si por ésta se empieza, estaremos del otro lado para empezar a darle el lugar que se merece este sector de la población.
Y el gobierno debe tener en cuenta que el buen juez por su casa empieza y en este caso, no debería permitir que hombres que hacen uso del poder político, les quiten los escaños legislativos a la población indígena, sean estas mujeres u hombres, como es el caso tan comentado de José Uriel Estrada Martínez, quien sigue burlándose de la ley al convertirse en un intocable a pesar de todo lo que se le cuestiona alrededor de su empoderamiento como funcionario público y hoy diputado por el VIII distrito indígena de Simojovel.
