La transparencia y la obra pública de calidad no son negociables, es una obligación
En la pasada sesión, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó reformas que modifican la Ley de Obra Pública, con la finalidad de ejercer con responsabilidad el recurso público y la participación ciudadana en la asignación de estas.
La iniciativa que fue propuesta y defendida por la diputada, Alejandra Gómez Mendoza, es un avance, ya que se enmarca con la actualización de la terminología institucional y se ajusta a las atribuciones de la Secretaría de Infraestructura, para alinearse con la Ley de Desarrollo Social y Humanismo.
Además, permitirá la creación de comités municipales donde la ciudadanía pueda intervenir y participar, ya que la asignación de estos proyectos recae grandes recursos financieros, cambios en la imagen urbana y su movilidad, y por supuesto, conllevan al bienestar del lugar en donde dicha obra se realizará.
Lo anterior, fue celebrada por los gremios de la construcción, como fue la CMIC a través de su representante, Rogelio Tamayo, mismo que enfatizó la importancia de la transparencia y reconoció que también beneficia a las empresas locales, mismas que deben ser tomadas en cuenta durante los procesos de la mejora de la infraestructura en Chiapas.
Estas modificaciones ya eran urgentes, sobre todo porque gobiernos anteriores en diferentes niveles, estatales y municipales, dejaban “elefantes blancos”, los cuales en eslogan y campañas publicitarias pregonaban que beneficiarían a la población, lo cierto es que sólo eran construcciones a medias, que a la postre se convertían en edificaciones insalubres y el nido perfecto para los amantes de lo ajeno.
La reciente reforma, desafortunadamente, nos remite a los percances del gobierno de Juan Sabines, que dejó una infinidad de “elefantes blancos” en todo el estado, las cuales prometían llevar a la región al “nuevo milenio” y con ello garantizar el tan anhelado “desarrollo del milenio”; tan sólo ver como quedó Convivencia Infantil tras su remodelación y la planta del biocombustible.
Otro aspecto de la reforma, es la participación ciudadana, que como planteamos en un editorial acerca de la reciente consulta de la autopista San Cristóbal-Palenque, permitirá un acuerdo mutuo entre el gobierno y los ciudadanos, para evitar que intereses ajenos quieran impedir su construcción; ya lo vimos con “Menos Puentes, Más Ciudad”, que poco o nada les interesa el impacto ambiental, pero son el apéndice perfecto para estropear cualquier proyecto de infraestructura.
Ahora bien, la asignación de proyectos de obras públicas a familiares o amistades de funcionarios, ha sido una molestia para los empresarios de la construcción, mismos que realizan esfuerzos en vano, cuando en las licitaciones ya vienen predestinadas; incluso, las empresas que ganan esos proyectos de manera sospechosa, principalmente, en los ayuntamientos, lo hacen con materiales de mala calidad, a sobre precio y estas obras están inconclusas, a veces poniendo en riesgo a la comunidad.
Claro, esta ley será un gran paso para erradicar malas prácticas en torno a la obra pública, que su mal planteamiento siempre lo pagan los ciudadanos de a pie, con incidentes o accidentes que han cobrado vidas, mientras funcionarios y empresarios corruptos de llenan los bolsillos.
Por último, y muy importante, se estima que esta ley se ajuste a los principios de humanismo y de bienestar que la Nueva ERA ha estipulado, y desde luego la frase “Cero Corrupción”, sea una realidad, para que al estado le vaya bien.
