Por la Conciencia
Dr. Roger Heli Díaz Guillén
La propiedad social en México es la propiedad ejidal y comunal diferente a la propiedad privada, en razón que la propiedad social es propiedad del ejido o comunidad (persona moral) como propiedad colectiva amparado en una Resolución Presidencial de Dotación para ejidos o Resolución Presidencial de Bienes Comunales si se trata de una comunidad agraria, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, que toman sus acuerdos mediante la asamblea que es el órgano máximo de decisión y lo representa legalmente el comisariado ejidal, apoyado por su consejo de vigilancia. Propiedad que es regulada por el artículo 27 Constitucional en sus fracciones VII y XIX y la Ley agraria promulgada en febrero del año 1992 vigente.
Según datos oficiales del Registro Agrario Nacional de febrero del 2025 existen en México 32 mil 261 ejidos y comunidades que ocupan poco más de la mitad del territorio nacional, de los cuales 30 mil 520 se encuentran certificados y documentados los derechos agrarios territoriales de millones de mujeres y hombres campesinos e indígenas, que representa un ordenamiento de la propiedad social nacional del 94.61% del total de núcleos agrarios logrado en 32 años continuos mediante un programa transexenal llamado inicialmente PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales) que actualmente se denomina RRAJA (Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios); restando por regularizarse mil 741 ejidos y comunidades en todo el país que representan el 5.39% del total nacional.
Mucho se ha hablado que la ley agraria es neoliberal y abierta a los capitales, dejando puertas en la ley agraria para que los capitales puedan invertir no solo en la producción mediante sociedades mercantiles para concentrar hasta 2 mil 500 hectáreas de riego; 5 mil hectáreas de tierras de temporal; hasta 10 mil hectáreas de agostadero y; hasta 20 mil hectáreas de bosques; sino también un procedimiento para que las tierras ejidales y comunales amparadas en certificados parcelarios puedan cambiar de régimen de propiedad para ser reconocidas como propiedad privada; mediante procedimiento denominado Dominio Pleno que las asambleas generales de ejidatarios y comuneros aprueban con formalidades especiales reguladas por el artículo 23 de la ley agraria fracción IX, con presencia de la procuraduría Agraria y Notario Público.
EL DOMINIO PLENO está depredando a ejidos y comunidades en todos los Estados de la república mexicana donde existen casi seis millones de parcelas que suman 31 millones, 202 mil, 645 hectáreas hoy propiedad privada, de las cuales, en tres décadas, 6 mil 929 ejidos que representan el 21.47% del total nacional acordaron en asamblea general otorgar dominio pleno sobre 344 mil 858 parcelas a abril del 2024 con una superficie de 4 millones, 64 mil, 675 hectáreas que pasó de propiedad social a privada, que representan el 6.09% del total de parcelas ejidales y comunales y el 13.26% de la superficie parcelada en el territorio nacional.
Es decir, la propiedad social perdió cuatro millones de hectáreas en las últimas dos décadas en la historia del agrarismo mexicano. El 13.26% de la superficie parcelada en México que al 2025 han dejado de ser tierras ejidales reguladas por los reglamentos ejidales y estatutos comunales, hoy son tierras de propiedad privada regulada por el derecho civil que en términos cuantitativos pudiera parecer mínimo, aunque desde la perspectiva del valor cultural y lucha social con que se conformaron los ejidos y comunidades en la historia del agrarismo y reparto agrario, la superficie es muy significativa correspondiente a 40 mil 646 kilómetros cuadrados, equivalente a poco más de la mitad del territorio de Chiapas; equivalente al territorio de Yucatán; a juntos el territorio de los Estados de Tlaxcala, Morelos, Aguascalientes, Colima y Ciudad de México multiplicado por dos.
Para una mayor dimensión de lo que representa está perdida en memoria del agrarismo y lucha de Emiliano Zapata, esta superficie es MAYOR que cada uno de los territorios de los Estados de Hidalgo, Estado de México, Tabasco, Nayarit, Guanajuato, Puebla y Yucatán. Siendo esta realidad un escenario de acaparamientos y latifundios en manos de inversionistas, políticos, fraccionadores e industriales, que según denuncias recientes ha sido materia de investigaciones realizadas por el propio Registro Agrario Nacional en los últimos años.
Lo expuesto fue denunciado por el procurador agrario Víctor Suarez Carrera en enero del 2025, destacando que 4 millones de hectáreas se han privatizado correspondientes a 351 mil parcelas ejidales, focalizándose un mayor acaparamiento en las “mejores tierras agrícolas y ganaderas de ejidos en zonas turísticas, ejidos con playas”, entre otros, resaltando el procurador agrario que se tiene identificado a “diez personas como mayores acaparadores de tierras ejidales con 21 mil 580 parcelas en 45 núcleos agrarios, en 37 municipios de 19 Estados”. Así mismo, informó que existen “19 acaparadores de tierras urbanas ejidales y comunales que tienen 47 mil 876 solares urbanos ejidales” con título de propiedad expedido.
Se suma a esta preocupación, denuncia del Diario Red a través del periodista Zósimo Camacho que citó en la conferencia matutina de la presidenta del 17 de marzo del 2025, que “411 políticos y empresarios tienen acaparado más de 22 mil hectáreas que fueron arrebatadas a la propiedad social”. se precisa en publicación que una sola persona acapara entre mil y cuatro mil quinientas hectáreas como el caso de “Antolino o Antonino Almazán Arriaga que tiene más de mil hectáreas en dieciséis ejidos en cuatro Estados de la república mexicana”.
Esta realidad y puerta abierta de privatización de la propiedad social en tierras con alto capital económico y biodiverso es una amenaza al reconocer que “los grandes capitales están en la lógica de la privatización, del despojo, de la depredación de ejidos y comunidades” como lo afirmó el procurador agrario, destacando que en la propiedad social “viven 30 millones de personas que custodian el 70% de los bosques y selvas, así como el 80% de las cuencas hidrologías”.
En próximo artículo de opinión compartiremos información respecto a los Estados con mayor y menor impacto del dominio pleno como Chiapas, destacando los doce Estados en que se concentra más de la mitad de la propiedad social en México, así como como los Estados con mayor número de núcleos agrarios que han otorgado el dominio pleno de tierras de propiedad ejidal.
