Al Tribunal se le echa a perder el engrudo de las historias democráticas
Los acordeones fueron el arma secreta de una mente brillante para catapultar toda esperanza de la oposición que creía que la elección judicial sería un fiasco. Efectivamente no se equivocaron, esta ha sido la más cuestionada en la historia moderna de un experimental proceso, pero que, aunque haya habido irregularidades -la principal, el uso del acordeón-, las campanas se echaron al vuelo y ya se tiene un Poder Judicial que afina su llegada programada para el próximo primero de septiembre.
En su momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección nacional sin tomar en cuenta las denuncias por supuestos fraudes al hacer uso de este mecanismo, que, por su complejidad, es indudable que quienes votaron usaron las copias que les habían repartido, y, por consiguiente, hoy ya es letra dictaminada y no hay vuelta atrás.
Sin embargo, la posición que toma el Tribunal en el caso del estado de Nuevo León, llama la atención porque resuelve que sea el Instituto Nacional Electoral el que se aboque a investigar quién estuvo atrás de los acordeones en aquella entidad.
Si bien no es un ente que se encargue de aplicar la justicia, previa investigación, todos quienes forman el Poder Judicial y los que asumirán el poder dentro de mes y medio, saben de la colusión que hay entre el gobierno federal, traducido en Morena y los gobiernos de los estados.
En este caso, Samuel García, gobernador de Nuevo León, si bien es militante de Movimiento Ciudadano y ostenta el poder por este partido político, es de todos conocido que se codea con Morena y que, para seguir quedando bien, se encargó de patrocinar, organizar y retroalimentar el despliegue de los millones de acordeones que se entregaron para la votación de la elección judicial efectuada en junio pasado.
En el hecho no hay nada “anormal”, es decir, se sabía que los gobernadores afines a la Cuarta Transformación harían lo propio y al final se entiende porque estas prácticas se han normalizado. Así lo hicieron el PRI o el PAN cuando estuvieron en el poder y así lo siguen haciendo las entidades que aún gobierna la oposición o Morena en el país. Durango y Veracruz son un claro ejemplo de ello.
En verdad que los magistrados del TEPJF, por quedar bien ya saben con quién, se les echa perder el engrudo que preparan para “pegar”, para formalizar las historias democráticas. Referirse en sentido opuesto a un mismo caso lo evidencia.
En la elección nacional judicial, se pronunciaron por validarla a pesar de que en el INE la votación por declararla no válida estuvo a punto de pasar a la historia como la primera vez en que los consejeros electorales coincidían en que hubo irregularidades y la elección debía haberse invalidado.
Seis votos a favor contra en cinco en contra manifestó en esencia, la percepción ciudadana de que la jornada electoral del pasado primero de junio fue fraudulenta, pero esto a toro pasado ya no importa, sólo quedará en los anales de la historia y, por tanto, los integrantes del INE y del TEPJF, serán juzgados en su justa dimensión, y como siempre se ha dicho, en su sello anatómico llevarán el estigma de que cumplieron con su deber o traicionaron a la patria.
La decisión del órgano electoral fue avalada por el Tribunal y, efectivamente, la elección fue legal para la autoridad citada. Ahora bien, bajo esta visualización, porqué da paso a que se investigue la presunta distribución de acordeones en la elección judicial por parte del dirigente de Movimiento Ciudadano en Nuevo León.
En concreto, “la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE desechó la queja del PAN que alegó injerencia de MC, uso indebido de recursos públicos y fraude porque el líder del partido naranja (Jorge Álvarez Máynez) habría publicado en sus redes sociales un acordeón, según se exhibió en distintas notas periodísticas”.
Vaya manera de meterse el pie en asuntos torales de la democracia, pero, sobre todo, de la transparencia, de la honestidad, pues ahora lo que diga el INE en este caso será esencial para confirmar que el órgano electoral está más que nunca, acorralado y evidenciado al servicio del poder.
