Por la Conciencia
Dr. Roger Heli Díaz Guillén
La procuración de justicia en la sociedades contemporáneas se organizan en estructuras jurídicas-operativas que instituyen la institución del “Ministerio Público” como “la institución encargada de la procuración de justicia que, a nivel federal, está representada por la Procuraduría General de la República y en las entidades federativas por las Procuradurías de Justicia o Fiscalías”, como lo cita estudio “Origen y desarrollo de la institución del Ministerio Público” de marzo del 2018; cuyas instituciones se asumen como “representantes sociales” de la ciudadanía, que en la historia contemporánea cayeron en la perdida de la confianza social derivado de la descomposición funcional institucional y conductas de actuación contrarias a derecho.
Funda lo anterior datos oficiales del 2021 del Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) bajo el principio de cero impunidad que, “a nivel nacional la confianza en las instituciones de procuración de justicia aumentó…en el caso de las fiscalías de Puebla, Guerrero, Chiapas, Guanajuato y Nayarit, presentaron las mayores disminuciones en confianza en los últimos años. Este elemento es central para construir legitimidad en las fiscalías e incentivar la denuncia”, citaron.
En trabajos referentes a la evaluación de la procuración de justicia se destaca que “a pesar de que las procuradurías y fiscalías son la puerta de acceso a la justicia, no existe un sistema de indicadores exclusivos sobre la ejecución de sus labores”, aunque si existe un sistema oficial nacional de reportes de denuncias y actuación en siete indicadores de tipos de delitos, que son reportadas como “presuntos delitos registrados en Registro de Atención o Carpetas de investigación iniciadas” por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas, en el caso de los delitos del fuero común.
En un ejercicio comparativo de reportes del 2018 de la Fiscalía de Chiapas con corte al segundo trimestre del 2025 en el SESNSP, se observa que de 28 mil 892 asuntos recibidos en las Fiscalías del ministerio público en el 2018, se da una tendencia a la baja en un 85.67% en los datos históricos de denuncias de delitos contra la familia, contra el patrimonio, contra la sociedad, en un promedio general de más del ochenta y cinco por ciento; que invita a investigar y razonar las razones o causas que han incidido en el comportamiento de la sociedad o el abatimiento de las conductas delictivas en su caso, siendo sustantivo destacar que los delitos contra la libertad personal como secuestros, raptos, tráfico de menores tuvo un incremento del 51.58% del 2018 a diciembre del 2024.
Destaca en el comparativo que los delitos Contra la Familia (violencia, incumplimiento de obligaciones) se redujo un 82.45% la denuncia a diciembre del 2024 y que continua este proceso a la baja en el primer trimestre del 2025 en un promedio trimestral del 13.76% con relación al comportamiento promedio del 2024; le siguen los delitos Contra el patrimonio (Robo, Fraude, Abuso de confianza, Extorsión, Daño a la propiedad, Despojo) que se redujeron en un 65.90% y que continua a la baja en el primer trimestre del 2025 en un promedio trimestral del 2.20%. Continúan en tercer término los delitos Contra la sociedad (Corrupción de menores, Trata de personas) que se redujeron en un 62.81% con un alza en el primer trimestre del 2025 en un promedio del 2.20%, aunque sigue siendo bajo con relación al promedio histórico.
Contrario a lo antes expuesto, en los dos primeros trimestres del 2025 se da un índice de crecimiento promedio de delitos que históricamente traían una tendencia a la baja, siendo estos los delitos Contra otros bienes jurídicos afectados. (Narcomenudeo, Amenazas, Allanamiento de morada, Evasión de presos, Falsedad, Falsificación, Contra el medio ambiente, Delitos cometidos por servidores públicos, delitos Electorales); delitos Contra la libertad y la seguridad sexual. (Abuso sexual, Acoso sexual, Hostigamiento, sexual, Violación, Incesto) y; delitos Contra la sociedad (Corrupción de menores, Trata de personas; que puede ser explicado a partir de analizar la recuperación y percepción de la confianza por la seguridad de la ciudadanía con su gobierno; que traían una reducción histórica del 5.82%, 31.11% y 62.81% respectivamente.
Este contexto expuesto permite observar una tendencia histórica preocupante que en el 2025 donde hoy se informa que más del 96% de los delitos NO se denuncian (cifra negra) por diversas razones como la pérdida de confianza, la prontitud, corrupción, eficiencia y eficacia; que invita a ver la oportunidad histórica del 2025 donde se observa y percibe en Chiapas la recuperación de la seguridad pública y confianza de la ciudadanía en su gobierno y sus instituciones de seguridad y procuración de justicia derivado de la posición del gobierno ante los delitos; prueba de ello son los índices de crecimiento de las denuncias en los primeros seis meses del 2025 en delitos Contra la sociedad; delitos Contra la libertad y la seguridad sexual y; delitos Contra otros bienes jurídicos afectados; que deben ser atendidos con resultados.
Lo expuesto invita a trabajar y atender el orden interno organizacional y de resultados en la procuración de justicia, donde se reconoce que la parte policiaca ministerial tiene una estrategia y orden asumido en este gobierno del Dr. Eduardo Ramírez Aguilar bajo el liderazgo del Fiscal del Estado Dr. Jorge Luis Llaven Abarca, siendo prioritario y estratégico enfocar la mejora y fortalecimiento del trabajo institucional ministerial, investigación, judicialización, operativo y digital en la representación social y atención de delitos, que recaen en los Fiscales de Distrito; Fiscales por Materia y; Fiscales del Ministerio Público; destacando que la Fiscalía de Chiapas tiene como ventana de fortaleza a diferencias de muchos Estados de contar con veintiuna Fiscalías por materia y/o Especializadas sobre delitos más recurrentes; que debe traducirse en oportuna respuesta a la ciudadanía, reducción de asuntos en las Fiscalías de Distrito y/o Fiscalías del Ministerio Público y; por ende, mayor eficiencia y eficacia en la atención de asuntos en estas instancias.
Lo anterior debe ser apoyado con reformas al marco legal y normativo institucional, específicamente la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de Chiapas; ley orgánica de la fiscalía de Chiapas y; reglamento de la ley orgánica de la fiscalía del Estado de Chiapas; adicionando funciones ministeriales; delimitación de responsabilidades de atención de inicio de asunto vinculado a la justicia alternativas; investigación, judicialización; capacidad de atracción de asuntos por parte de los Fiscales de Distrito por determinación de responsabilidad o instrucción superior, entre otros rubros.
