Exigen respetar proceso de actividad

M de R / Diario de Chiapas
Organizaciones de la sociedad civil, colectivos, redes, académicas y personas defensoras de derechos humanos expresamos nuestra más profunda preocupación ante la próxima audiencia de vinculación a proceso que enfrentará el defensor de personas migrantes Luis García Villagrán, el lunes 11 de agosto de 2025, en la que se le imputa el delito de delincuencia organizada en modalidad de tráfico de personas, tras haber sido detenido el pasado 5 de agosto por la mañana en Tapachula.
Denunciamos que, tras su detención, Luis fue criminalizado desde la tribuna presidencial, lo cual vulnera de forma grave el principio constitucional de presunción de inocencia y ejerce una presión indebida e irregular en su proceso judicial.
Luis es un activista que, luego de enfrentar un proceso penal en 2007 en el que fue víctima de tortura y se cometieron violaciones a las garantías procesales, y del que resultó puesto en libertad mediante un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dedicado su vida a la defensa de derechos humanos en la frontera sur de México.
Queremos resaltar que Luis es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2019, debido a las amenazas y riesgos que ha enfrentado como consecuencia de su labor como defensor.
Esta detención ocurre en un contexto político sensible de presiones y negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para contener los flujos migratorios, y un día antes de que comenzara una caravana migrante en Tapachula, que busca visibilizar la falta 1/7 de respuestas institucionales para que las personas migrantes puedan acceder a un proceso de regularización migratoria que les permita mejorar sus condiciones de vida, situación que Luis ha denunciado de forma reiterada.
Así pues, señalamos que la detención y las acusaciones contra Luis forman parte de un patrón de criminalización a activistas y personas defensoras de derechos humanos a nivel global, en el que se equipara la labor solidaria y el trabajo con personas en situación de vulnerabilidad con delitos graves, situación que pone en riesgo el derecho legítimo a defender derechos, así como a denunciar actos de corrupción, a disentir y a organizarse.
Permitir la vulneración del derecho al debido proceso implica normalizar la instrumentalización de la justicia para la persecución de personas defensoras y activistas que denuncian injusticias, corrupción y violaciones a derechos humanos.
Por tanto, también opera como un mecanismo de disuasión de la defensa de derechos y de solidaridad frente a las crisis humanitarias. Como personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil, no estamos dispuestas a guardar silencio ante estos agravios que atentan contra principios fundamentales de los derechos humanos.
Por lo anterior, exigimos: 1. Se garantice plenamente el debido proceso, sin interferencias ni estigmatización mediática. 2. Se respete el principio de presunción de inocencia, evitando narrativas y declaraciones que lo condenen o criminalicen antes de cualquier fallo judicial. 3. Que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial actúen con independencia, profesionalismo y apego estricto a derecho. 4. La libertad inmediata de Luis García Villagrán si no existen pruebas claras que justifiquen su detención, así como la protección de su integridad física y moral. 5. Se garantice a Luis su derecho a defender los derechos humanos.