Marco Alvarado / Diario de Chiapas
Al menos cinco defensores de los derechos humanos en Chiapas deberían ser liberados, según el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Sobre esto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, señaló que este grupo, en su carpeta 21/2025, se pronunció sobre el caso de los cinco defensores comunitarios tseltales de San Juan Cancuc privados arbitrariamente de la libertad desde junio de 2022, recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) Número cinco, en San Cristóbal de Las Casas, acusados del homicidio de un policía municipal.
De acuerdo con el Frayba, “el Estado mexicano no tuvo respuestas a diversos alegatos, tampoco está convencido de que las autoridades hayan cumplido con los procedimientos legales para llevar a cabo las detenciones en contra de los cinco”.
Asimismo, este centro defensor refirió que tras su visita a México en septiembre de 2023, este grupo reiteró que la prisión preventiva oficiosa vulnera el derecho a la libertad, así como a la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.
“Hubo irregularidades en la detención, ya que no se cumplieron los procedimientos legales; violaciones al derecho a la libertad y al debido proceso; juicio injusto y discriminación por su condición indígena, y por ser defensores de derechos humanos y del territorio”, señaló el Frayba.
En este sentido, el Grupo de Trabajo pide al Estado mexicano la liberación inmediata de los cinco presos maya tseltales de San Juan Cancuc, y una reparación integral.
Además, insta al gobierno a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los cinco defensores, y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.
El grupo de trabajo reconoce que el caso de los cinco presos de San Juan Cancuc se inscribe en un patrón sistemático de criminalización contra defensores indígenas de derechos humanos, la tierra y el territorio en Chiapas.
Desde 2020 se han documentado al menos siete casos con acusaciones infundadas, detenciones arbitrarias, tortura y condenas basadas en pruebas fabricadas, reforzadas por la figura de prisión preventiva oficiosa.
En el contexto del municipio de San Juan Cancuc, la oposición comunitaria a la imposición de megaproyectos como presas hidroeléctricas, la “supercarretera” San Cristóbal – Palenque y la militarización del territorio, ha generado una respuesta represiva del Estado, utilizando la criminalización para atemorizar, inhibir y desmovilizar a las comunidades indígenas.
