- La FGE determina que en Clínica de Tonalá se incurrió en responsabilidad médica en la muerte del paciente Eberto López, hecho registrado en enero y a la fecha no hay sanción ni indemnización
Fermín Rodríguez / Diario de Chiapas
La doctora Yohana Edith López Ballinas, perito médico legista de la Fiscalía General del Estado, dictaminó que sí hubo responsabilidad médica por parte de los doctores que atendieron a Eberto López Vázquez, durante su estancia en la Clínica Ultra Diagnóstico, en el municipio de Tonalá, en enero pasado, lo que a la postre provocó el fallecimiento de este hombre, y a ocho meses del fatal desenlace no hay sanción para los responsables por parte de la autoridad judicial ni indemnización para los deudos.
En el peregrinar de la esposa Odilia Vázquez García, narra que se han interpuesto las denuncias que la ley marca, se ha pedido la intervención de los gobiernos estatal y federal, pero al día de hoy, los doctores Jorge Solís Ruiz y Martín Aquiles López Gómez, señalados de ser los responsables de la mala atención del paciente, han movido “mar y tierra” para salir exonerados del caso y en su defensa, hasta consiguieron que el fiscal del ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Istmo-Costa, Manuel Martínez Pérez, les haya extendido un oficio respaldando que en su proceder los inculpados no incurrieron en “una mala praxis médica, negligencia, impericia o imprudencia”.
Es decir, este dictamen, dice la esposa y su abogado, lo extendieron a los doctores para respaldarlo, pero contrasta con el procedimiento de atención médica que difiere con lo que dictaminó la médico legisla de la FGE.
En los documentos que constan como respaldo a esta denuncia, en poder de este medio informativo, se detallan los acontecimientos y en este se asienta ante la autoridad, que el paciente Eberto, cuando fue ingresado a cirugía la primera vez, los doctores estaban en estado inconveniente.
Los antecedentes
Eberto era un hombre productivo y jefe de familia de quien dependían directamente cuatro hijos y su señora esposa. Se dedicaba a la elaboración de quesos, compraventa de ganado en pie para engorda, obteniendo recursos económicos suficientes para la subsistencia de su familia.
A principios de este año, en enero, por molestias de una hernia en el ombligo, acudió a consulta con el doctor Jorge Solís Ruiz, “quien, sin hacerle estudios sobre dicho padecimiento, le dijo que podía operarlo y que era una cuestión ambulatoria, que iba a salir caminando a su casa”.
De acuerdo con la esposa, el doctor le confió que no había de qué preocuparse “y sin hacerle estudios, el 25 de enero lo metió a un cuarto donde le practicó la cirugía de la hernia”.
La operación no salió como se esperaba pues Eberto empezó a quejarse de dolor en su abdomen diciendo que se sentía peor de como había llegado, por lo que la familia le consultó a los médicos de la clínica Jorge Solís Ruiz y Martín Aquiles López Gómez, sobre la situación, pero el doctor Solís Ruiz dijo que “que no aguantaba nada (el paciente), que ya iba a pasar, que todo estaba bien y que era normal, que ya le había puesto demasiado calmante y que era porque a lo mejor consumía drogas”, un hecho que la familia lo consideró como de fuera de lugar el comentario.
Al empeorar, la familia pidió que le dieran el alta, pero lo negaron en la Clínica porque no se había pagado los honorarios que en un inicio se pactaron en 20 mil pesos para pasar a 40 mil o no salía. Después de conseguir 34 mil pesos lograron sacarlo, pero en este proceso -las horas perdidas fueron vitales-, el doctor Solís Ruiz reconoció que ya estaba grave, que se “fuera a morir a otro lado”.
De acuerdo con la esposa del finado, no es este el único caso donde ha habido irregularidades, aunque las personas como no tienen recursos se “olvidan” de presentar denuncias penales.
El desenlace
Fue el 26 de enero, a eso de las 7 horas, cuando la familia decidió sacar a su paciente, pero al no tener el dinero -los 20 mil pesos más a lo pactado inicialmente-, buscaron el recurso y entregaron 34 mil pesos. A las 12 del día Eberto salió de la clínica Ultra Diagnóstico y con la ayuda del Ayuntamiento que ofreció el traslado a bordo de una ambulancia y dos paramédicos, fue internado en la clínica Santa Fe, donde fue operado de emergencia a las 20:00 horas del mismo día.
El doctor Iván de Jesús Meda Pereyra terminó la cirugía a las 12 de la noche. Dijo que el estudio que se le realizó al paciente determinaba que “había llegado con perforación de intestino grueso y estaba obstruido por lo que estaba contaminado de heces fecales todo su sistema digestivo y otros órganos debido una deficiente sutura”.
Por más esfuerzos que se hicieron, Eberto expiró el mismo 26 de enero a las 18:00 horas. No intervino el ministerio público ni autoridad alguna, relata la esposa en un documento que hizo llegar al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, donde le solicitan su intervención, documento que fue entregado hace 15 días.
En la queja asentada bajo el número 0078-097-0711-2025, asientan que el día de la operación en Tonalá, ambos médicos estaban bajo los efectos del alcohol. A ocho meses de este suceso, y a pesar de que ya existe el registro ministerial de los hechos, hasta el momento ha sido retardada en su integración, pues ni siquiera se ha elevado a carpeta de investigación, pese al dictamen de la legista de la FGE.
Como colofón, la familia denuncia que han recibido amenazas de parte de los doctores incriminados de que si continúan “les van a dar un levantón”. Ante ello hacemos responsables de lo que les pueda pasar a cualquiera de la familia, dijo doña Odilia que lamenta la obstrucción de la justicia, por lo que pide a este gobierno humanista que intervenga decididamente para castigar a los culpables.
