Marco Alvarado / Diario de Chiapas
De las 128 mil 331 personas desaparecidas en el país, con un registro hasta mayo pasado, al menos mil 546 fueron vistas por última vez en Chiapas, cuyas familias siguen esperando una respuesta por parte del Estado mexicano.
Como lo señala el Centro de Defensa de los Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), estos números son los que ha contabilizado el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, pero los casos pueden ser muchos más.
De acuerdo con el Frayba, mientras se insiste en crear una narrativa de seguridad, hay una crisis silenciada como consecuencia de estas desapariciones, cuya ausencia es producto del abandono institucional que afecta no sólo a las víctimas sino a sus familias.
Incluso advierten que, a diferencia de las cifras oficiales, entre los años 2019 y 2023, el número de desapariciones creció un 358 por ciento, concentrándose en territorios disputados por grupos criminales.
En el caso de Chiapas, el Frayba señala que al día de hoy el estado supera ampliamente el promedio nacional en desaparición de mujeres, representando más del 60 por ciento de los casos en el estado, muchas vinculadas a redes de trata y explotación sexual.
Casos y carpetas de investigación que merecen respuestas claras, señaló la colectiva Cereza, al recordar que la obligación del Estado mexicano no es silenciar a quienes exigen saber qué pasó con sus familiares.
Esta colectiva pidió que haya un seguimiento al trabajo de las autoridades involucradas en esta búsqueda, revisando que sí están aplicando el protocolo homologado de investigación, al cual también está obligada la Comisión Estatal de Búsqueda.
Si esto no sucede, señala la colectiva, se está revictimizando a los familiares, una acción contraria a lo que señala la Ley Nacional de Víctimas y “supone responsabilidad en su desaparición por omisión”.
