23 mil casos registrados de madres menores de edad; autoridades plantean programas de prevención, pero activistas denuncian impunidad en casos de violencia sexual.
Marco Alvarado, José Salazar, Edén Gómez, Karla García, Ainer González / Fotos: Erick Bustillos
Diseño: Luis Méndez / Diario de Chiapas
En Chiapas, alrededor de 65 niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años se convierten en madres cada día; más del doble del promedio nacional de 25 nacimientos en este grupo de edad.
Durante 2023, 297 mil 723 adolescentes de entre 15 y 19 años se convirtieron en madres en México, reveló la Secretaría de Gobernación en el informe Tasa Específica de Fecundidad Adolescente (TEFA) 2023. La tasa nacional es de 80 nacimientos por cada mil jóvenes, pero en municipios como Frontera Hidalgo, la cifra es crítica: una de cada cuatro adolescentes tuvo al menos un hijo.
En números absolutos, el Estado de México encabezó la lista con 37 mil 21 casos, seguido de Chiapas con 23 mil 801 nacimientos de madres niñas y adolescentes, Puebla (20 mil 218), Jalisco (18 mil 291) y Guanajuato (16 mil 963).
Embarazo adolescente son los de mayor riesgo
José Rafael Vargas López, médico especialista en ginecología, comentó que “las mujeres embarazadas durante la adolescencia son las pacientes que mayor riesgo de muerte materna tienen”.
Detalló que,“si bien son pacientes que tienen el desarrollo físico para tener un bebé, la misma edad las hace más propensas a padecer otro tipo de enfermedades que se generan en el embarazo, como lo son la preeclampsia o la hemorragia obstétrica, después de que nacen los bebés”.
“Muchas veces también con los embarazos adolescentes, recurren a tomar algún tipo de medicamento para producir el aborto, porque no tienen la información adecuada, y esto las lleva a tomar malas decisiones que pueden complicarse y acabar cobrándoles la vida”, sostuvo.
El especialista destacó que la pandemia provocó un aumento en el embarazo adolescente, lo que afecta de manera importante a las jóvenes, ya que “si el embarazo evolucionó favorablemente y no hubo ninguna complicación, las pacientes aún tendrán los cambios hormonales propios de la edad”.
Los riesgos más comunes son aborto espontáneo o inducido en lugares clandestinos, lo cual trae como consecuencia mayor riesgo de mortalidad materna.
Más de 800 niñas entre 10 y 14 años fueron madres en 2023
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) detalló que en Chiapas 803 nacimientos correspondieron a niñas de entre 10 y 14 años, y mil 649 a madres de 15 años. El fenómeno impacta con mayor fuerza a comunidades indígenas, donde los usos y costumbres permiten matrimonios arreglados o uniones forzadas, lo que coloca a menores en responsabilidades de maternidad temprana.
Asimismo, la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) informó que en 2023 se registraron “803 partos de niñas de entre 10 y 14 años; mil 649 partos en adolescentes de 15 años; 3 mil 074 en de 16 años; y 4 mil 510 de 17 años”.
“Se tiene que castigar”
Ante este panorama, desde el sector educativo se reconoce que la respuesta ha sido insuficiente. El secretario de Educación en Chiapas, Roger Mandujano, subrayó que “se tiene que generar una campaña que tenga que ver con la justicia, porque el acoso se tiene que castigar, el hostigamiento se debe castigar, y muchos de estos embarazos son de niñas desde los 10 años, y son por abusos de personas que están en casa, es decir de familiares, y eso no tiene que pasar”.
Mandujano agregó que “los planteles educativos deben reforzar la orientación sexual y la planificación familiar para reducir embarazos no deseados entre jóvenes que aún cursan la educación media”.
Parteras comunitarias, apuesta de Salud para frenar cifras
En el ámbito de la salud, el secretario estatal, Omar Gómez Cruz destacó que “la entidad mantiene históricamente los niveles más altos de embarazo adolescente, lo que motivó a implementar una estrategia inédita en el país: la capacitación de parteras tradicionales”.
“Ya que el índice donde se tiene el mayor número de embarazadas en niñas y adolescentes es en pueblos originarios, donde el machismo es uno de los primeros factores; por lo que creemos que la capacitación de parteras, un tema que por cierto es una primera capacitación a nivel nacional, ya que en ningún estado se viene realizando”, dijo.
El funcionario agregó que, en coordinación con la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), “se otorgarán reconocimientos académicos a las parteras para fortalecer su papel en las comunidades”.
“Si las parteras nos ayudan, que son las madres de las comunidades, van a abonar a que los hombres permitan que las mujeres puedan hacer uso de algún tipo de anticonceptivo. Verán números en el 2026 y 2027 con disminución de embarazadas y adolescentes, que es uno de los principales compromisos por parte del gobierno actual”, subrayó.
“Machista obligar a una niña de 10 años a ser madre”
Aunque el Congreso local reformó el Código Civil para establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, en la práctica persisten los acuerdos comunitarios y, en algunos casos, la venta de niñas a cambio de bienes materiales en municipios de la región Altos como Chamula, Chenalhó o San Juan Cancuc.
Por estos casos, organizaciones civiles advierten que la raíz del problema está en la impunidad y la falta de garantías para niñas víctimas de violencia sexual. Martha Figueroa, del Colectivo de Mujeres Libres (Colem), alertó que “este fenómeno se da y se encuentra vigente debido a la impunidad de sus agresores”.
“Estos estados también encabezan las cifras de niñas que mueren por violencia sexual, así como el de niñas que son obligadas a ser madres, para luego ser dejadas a su suerte, sin ninguna carpeta de investigación en contra de su agresor”.
La activista señaló que el sistema de salud también revictimiza a las menores al negarles el acceso al aborto legal en casos de violación.
“Claro que es una posición machista obligar a una niña de 10 años a que sea madre; sin embargo hay médicos y médicas que lo hacen, que consienten la progresión del embarazo pese al peligro notorio de muerte en el que se encuentra la menor”.
Deuda pendiente con las niñas y adolescentes
Figueroa advirtió que la falta de acompañamiento legal y social deja a las adolescentes y a sus bebés en total indefensión, lo que aumenta la posibilidad de que los abusos se repitan.
Además, cuestionó “la influencia conservadora en las cámaras legislativas, que favorecen estos abusos amparados en supuestas convicciones religiosas”.
La activista concluyó que normalizar términos como “matrimonio infantil” o “madres menores de edad” encubre la violencia estructural: “sólo contribuyen a esconder los abusos de los que son víctimas” y dificultan un cambio real en la protección de los derechos de niñas y adolescentes.
