Indignación social

Karla García / Diario de Chiapas
Franny Garibaldi, directora general de Defensoría Animal MOC, señaló que es indispensable que se apliquen castigos ejemplares por maltrato animal en la entidad.
La activista comentó lo anterior tras el reciente caso del perrito Rambo, el cual fuera arrojado desde el segundo piso de una vivienda en la colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez; el cual volvió a encender la indignación social y evidenció la urgencia de que las autoridades demuestren que el maltrato animal sí tiene consecuencias legales en Chiapas.
Garibaldi comentó en entrevista que acudió ayer lunes a la Fiscalía Ambiental para dar seguimiento al proceso, en donde confirmó que ya se abrió un expediente y que la Fiscalía ha girado oficios para avanzar en la investigación y la presentación de las personas implicadas.
Sin embargo, recordó que la ciudadanía espera respuestas inmediatas, las cuales el sistema penal no siempre permite, ya que deben agotarse primero las medidas y mecanismos alternativos antes de solicitar una orden de aprehensión.
“Tenemos que empezar y agotar esas áreas para poder obtener una orden de aprehensión. Pero sin duda se está trabajando. El día de hoy estuve con ellos platicando. viendo de qué manera podemos contribuir y apoyar como Asociación Defensora de los Derechos de los Animales, porque le decía al fiscal que es de verdad. va a ser muy lamentable y no vamos a permitir que esto quede sin un castigo”, sostuvo.
La abogada animalista explicó que los casos de maltrato se persiguen por querella cuando el animal tiene un responsable legal. Por lo qie Ante el riesgo de que la tutora del perro decida no continuar el proceso, la activista aseguró que ella misma presentará la denuncia en representación de la asociación. “No podemos permitir que actos tan graves queden sin sanción, incluso si el tenedor del animal decide no querellarse”, afirmó.
Garibaldi subrayó que uno de los mayores problemas es que muchos casos no se hacen virales ni llegan a los medios, lo que limita su avance legal. Por ello insistió en la necesidad de dejar precedentes firmes: “Las autoridades deben demostrar que sí hay sanciones y castigos para quienes dañan o lesionan a un animal. Solo así la sociedad comprenderá la seriedad del delito y comenzará a disminuir el maltrato”.
Finalmente, llamó a impulsar campañas masivas de información desde instituciones públicas, escuelas, organizaciones civiles y medios de comunicación, para recordar que maltratar a un animal constituye un delito. “Si la gente no sabe que se castiga, o piensa que no pasa nada, el maltrato seguirá ocurriendo en silencio. Necesitamos visibilizar, sensibilizar y actuar”, sentenció.