La interpretación de la nueva SCJN será crucial para sus efectos; tiene aspectos que preocupan a los especialistas del derecho
Marco Alvardo/ Diario de Chiapas
La reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada el pasado 16 de octubre, tiene aspectos que preocupan a los especialistas del derecho.
Lo que históricamente ha sido la herramienta de defensa del ciudadano frente a los abusos de autoridad, hoy enfrenta un escenario de incertidumbre que podría acotar libertades ganadas hace décadas.
En entrevista, Susana Muñoz Luna, de la firma Muñoz-Liévano Abogados, señaló que estas modificaciones contienen artículos polémicos que incluso podrían considerarse inconstitucionales.
Según la especialista, el riesgo mayor radica en que la ciudadanía suele ignorar estos cambios técnicos hasta que se enfrenta a una afectación directa y descubre que su escudo legal ha sido debilitado.
Incluso calificó esta reforma como un “cambio en las reglas del juego”. Muñoz Luna destaca dos ejes centrales de preocupación que quedan ahora a merced de la interpretación de los juzgadores:
Una referente al interés legítimo, ya que se teme que la nueva redacción actúe como una limitante para que los ciudadanos soliciten amparos.
La abogada subraya que todo dependerá de si los nuevos jueces optan por preservar el principio de progresividad, o si aplican una línea rígida.
También se refirió a la suspensión del acto reclamado, porque anteriormente obtener una suspensión mientras se resuelve el juicio era un proceso más directo.
Hoy, se exigen requisitos adicionales y se limitan las suspensiones en diversas materias jurídicas, lo que podría dejar al ciudadano indefenso ante daños irreparables mientras el juicio sigue su curso.
El juicio de amparo es una aportación jurídica de México al mundo. Sin embargo, el contexto político actual ha puesto esta figura en el centro de la controversia.
Históricamente, el amparo ha permitido frenar obras públicas, leyes generales o actos administrativos que violan derechos humanos.
Para los críticos de la reforma, estas modificaciones buscan evitar que la justicia frene decisiones gubernamentales de gran calado, bajo el argumento de agilizar la administración pública.
No obstante, para los litigantes, esto implica el riesgo de afectar derechos humanos de forma retroactiva.
“Como tal, la reforma no era necesaria, aunque sí la revisión de algunas partes”, puntualizó Muñoz Luna.
Con la entrada en vigor de estos cambios, la atención nacional se desplaza ahora hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Será este tribunal el encargado de definir, a través de sus criterios y sentencias, si la Ley de Amparo seguirá siendo el baluarte de la defensa ciudadana o si los nuevos candados terminarán por burocratizar la protección de los derechos básicos.
