II PARTE
David Fields
…Guerra de baja intensidad y desestabilización (eras Bush-Obama)
La respuesta de Estados Unidos a Chávez, que abarcó dos administraciones, fue un período de «guerra de baja intensidad». Este esfuerzo tenía como objetivo el cambio de régimen mediante una combinación de acciones encubiertas, la manipulación de la sociedad civil y una incipiente guerra económica.
La participación de la administración Bush en el intento de golpe de Estado en Venezuela en 2002 está ampliamente documentada. Antes del golpe, la Fundación Nacional para la Democracia (NED) aumentó significativamente su apoyo financiero a las organizaciones de la oposición venezolana, incluida la federación empresarial Fedecámaras y la confederación sindical CTV, presuntamente corrupta, que se convirtieron en los principales organizadores del golpe. Durante el propio evento, la CIA proporcionó, según se informa, información de inteligencia y evaluaciones de la situación que confirmaban que el presidente Chávez había «dimitido» (Golinger, 2007). Inmediatamente después, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su portavoz Philip Reeker, atribuyó la violencia contra los manifestantes a Chávez, afirmando que había «reprimido manifestaciones pacíficas». Aún más crítico fue el hecho de que la Casa Blanca, a través de su secretario de prensa Ari Fleischer, se abstuviera de condenar el golpe y, en cambio, ofreciera comentarios opacos sobre la necesidad de «adherirse a los procesos democráticos» (Rohter, 2002).
Bush reconoció rápidamente al gobierno ilegítimo de facto de Pedro Carmona a las pocas horas del golpe. El «Decreto Número 1» de Carmona disolvió unilateralmente la Asamblea Nacional, la Corte Suprema y la Constitución, al tiempo que destituyó a todos los funcionarios electos. A pesar de ello, Otto Reich, entonces subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, se puso en contacto con otros gobiernos latinoamericanos para instarlos a reconocer el régimen de Carmona (Golinger, 2007). Cuando el golpe de Estado fracasó tras 47 horas, precipitado por una movilización popular masiva y la intervención militar leal, la administración Bush se encontró políticamente aislada. Este acontecimiento puso de manifiesto la táctica preferida de Estados Unidos —un derrocamiento rápido impulsado por la élite—, pero su posterior fracaso obligó a adoptar un enfoque estratégico más prolongado y multifacético.
Tras las secuelas del golpe, la estrategia de Estados Unidos evolucionó hacia lo que William I. Robinson (1996) denomina «poder promotor», concretamente, la construcción deliberada de una red de oposición política a través de lo que se percibe como organizaciones de la sociedad civil. La Fundación Nacional para la Democracia (NED) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se convirtieron en los principales mecanismos de esta iniciativa. Entre 2000 y 2010, la NED asignó más de 100 millones de dólares a diversas entidades venezolanas. Estos gastos no se limitaron a pequeñas subvenciones para la democracia, sino que representaron inversiones estratégicas destinadas a establecer una estructura estatal paralela. Entre los beneficiarios de esta financiación se encontraban:
Súmate: Esta organización de la sociedad civil desempeñó un papel central en la organización del referéndum revocatorio presidencial de 2004. Su cofundadora, María Corina Machado, galardonada con el llamado Premio Nobel de la Paz 2025, se convirtió en la principal figura de la oposición.
Conglomerados de medios de comunicación privados: Aunque no fueron financiados directamente por la NED, los medios de comunicación privados abrumadoramente antichavistas (como Venevisión y Globovisión) recibieron apoyo a través de la compra de publicidad estadounidense y el respaldo diplomático. Los cables del Departamento de Estado publicados por WikiLeaks confirman este apoyo. Por ejemplo, el cable 06CARACAS3356 de 2006 señalaba la importancia de apoyar a «los medios de comunicación que siguen en manos privadas», ya que son «el contrapeso más eficaz al dominio mediático de Chávez» (Embajada de Estados Unidos en Caracas, 2006).
La administración Obama continuó con esta infraestructura existente, pero amplió significativamente el conjunto de herramientas al introducir sanciones financieras debilitantes. Un memorándum desclasificado de la CIA de 2010 reveló este cambio de estrategia, afirmando explícitamente que el objetivo de Estados Unidos era «contener, aislar y compartimentar el régimen de Chávez» y «explotar sus debilidades» (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, 2010).
Un punto crucial en este proceso fue la Orden Ejecutiva 13692, emitida en marzo de 2015. Invocada en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la orden declaró de forma controvertida a Venezuela como «amenaza para la seguridad nacional». Esta designación fue considerada por muchos como infundada, dada la falta de capacidad militar ofensiva de este país lejano. Sin embargo, esta declaración legal sirvió como requisito previo esencial para imponer sanciones. La Orden Ejecutiva 13692 congeló efectivamente los activos y prohibió las transacciones con siete funcionarios venezolanos citados por presuntas violaciones de los derechos humanos (Oficina Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos, 2015). Aunque inicialmente se caracterizó como «selectiva», el impacto resultante resultó ser sistémico. Como postuló el economista Mark Weisbrot (2015), la orden transmitió una fuerte señal disuasoria a los mercados financieros mundiales, lo que significaba que la relación con Venezuela entrañaba ahora un riesgo elevado. Esta medida limitó inmediatamente la capacidad de Venezuela para refinanciar su deuda externa, acelerando así una crisis de la balanza de pagos.
La producción petrolera venezolana, que se había estabilizado en torno a los 2,3-2,4 millones de barriles diarios (bpd) entre 2004 y 2015, no se mantuvo estable. Por el contrario, comenzó un descenso constante a partir de 2015. Esto se vio precipitado por un bloqueo financiero emergente que mermó gravemente la capacidad de PDVSA para adquirir equipos, contratar empresas de servicios y mantener las infraestructuras. El impacto económico fue inmediato y profundo: las importaciones de bienes y servicios se desplomaron de 66 000 millones de dólares en 2012 a apenas 18 000 millones en 2016, según datos del Banco Mundial. Esta drástica reducción de las importaciones, directamente atribuible a la imposibilidad de obtener crédito comercial y divisas debido a las sanciones financieras, constituyó la causa principal de la crisis humanitaria que se produjo a continuación, caracterizada por la escasez de medicamentos y alimentos (Weisbrot y Sachs, 2019). Las sanciones aplicadas durante la administración Obama pusieron en marcha un proceso de asfixia económica que se intensificaría posteriormente de manera significativa bajo las administraciones de Biden y Trump.
Asfixia económica manifiesta (Trump 1)
La primera administración Trump intensificó las sanciones contra Venezuela mediante una serie de órdenes ejecutivas cada vez más severas. En agosto de 2017, la Orden Ejecutiva (EO) 13808 restringió severamente la capacidad financiera del Gobierno venezolano y de PDVSA al prohibir el comercio de nueva deuda y acciones venezolanas. Sin embargo, la medida más sustancial fue la EO 13850 de noviembre de 2018, que autorizó sanciones a sectores específicos de la economía venezolana. Su pleno impacto se materializó en enero de 2019, cuando el Tesoro de los Estados Unidos la implementó al designar a PDVSA como entidad sancionada, imponiendo efectivamente un embargo total a las exportaciones de petróleo venezolano a su mercado principal (Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, 2019).
El Gobierno de los Estados Unidos asumió el control de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO, y desvió sus ingresos a cuentas administradas por Juan Guaidó. Al mismo tiempo, amenazó con sanciones secundarias a cualquier entidad de terceros países —en la India, China o Europa— que adquiriera petróleo venezolano o prestara servicios necesarios, como buques cisterna, seguros o transporte marítimo. Las consecuencias fueron desastrosas: las exportaciones de petróleo venezolano, que ya estaban disminuyendo, se redujeron drásticamente de 1,5 millones de barriles diarios en 2018 a menos de 400 000 barriles diarios a mediados de 2020 (Boletín Estadístico Anual de la OPEP). Además, los ingresos del Gobierno se desplomaron más de un 99 %, pasando de unos 56 000 millones de dólares en 2014 a menos de 500 millones en 2020 (Rodríguez, 2021).
Las consecuencias humanitarias de estos acontecimientos fueron inmediatas y graves. Un estudio realizado en 2019 por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs para el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) concluyó que las sanciones de Estados Unidos contribuyeron a al menos 40 000 muertes entre 2017 y 2018. Estas sanciones obstaculizaron gravemente la importación de bienes esenciales, como medicamentos para enfermedades como el cáncer, el VIH y la diabetes, así como suministros necesarios para la diálisis, alimentos y equipos para la purificación del agua. Tras una visita en 2021, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, informó de que las sanciones estaban intensificando la crisis económica y humanitaria, afectando a «todos los derechos humanos fundamentales» y «afectando de manera desproporcionada a los más pobres y vulnerables» (Douhan, 2021).
El asedio económico se vio agravado por una maniobra política en enero de 2019 para reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como «presidente interino». No se trataba simplemente de diplomacia, sino de un acto de guerra jurídica, es decir, la utilización de mecanismos legales para alcanzar objetivos militares o políticos estratégicos. Más de 50 naciones siguieron el ejemplo de Estados Unidos y reconocieron a un gobierno paralelo que, fundamentalmente, carecía de control sobre el territorio, la policía o las fuerzas militares. Este reconocimiento proporcionó la justificación legal necesaria para la incautación de activos. En consecuencia, los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido congelaron y transfirieron el control de miles de millones en reservas de oro venezolanas. Más importante aún, facilitaron la expropiación corporativa de los activos venezolanos. Un ejemplo notable es el de la empresa minera canadiense Crystallex, que, tras una sentencia desfavorable en los tribunales venezolanos, litigó con éxito en los tribunales estadounidenses para confiscar acciones de CITGO como compensación por un proyecto aurífero nacionalizado. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos apoyó esta acción, utilizando eficazmente su sistema judicial para ejecutar la expropiación de la propiedad de un Estado extranjero (Toro, 2019).
A lo largo de este período, el presidente Trump y sus funcionarios afirmaron repetidamente que «todas las opciones están sobre la mesa», lo que incluye explícitamente la intervención militar. Para aumentar la presión en 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos sin fundamento por «narcoterrorismo» contra el presidente Maduro y otros altos funcionarios, ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares. Esta acción estableció un claro pretexto para una posible captura o acción cinética. Al mismo tiempo, Estados Unidos también intensificó los ejercicios militares en las proximidades de Venezuela y desplegó inicialmente activos navales en el Caribe con la justificación declarada de «lucha contra el narcotráfico», una maniobra que se maximizaría en la segunda administración Trump, reviviendo la justificación explotada durante la invasión de Panamá en 1989 (Kornbluh, 2020).
