- A pesar de que el matrimonio infantil está estrictamente prohibido, en Chiapas la realidad sigue otra senda; bajo el concepto de “usos y costumbres”, las uniones tempranas persisten
Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
Ser niña, ser indígena y vivir en Chiapas representa uno de los mayores desafíos de supervivencia.
Lo que organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos han calificado como una “triple vulnerabilidad” no es sólo una etiqueta estadística, sino una realidad que condena a miles de menores a un ciclo de violencia, explotación y abandono.
De acuerdo con informes de organizaciones como Melel Xojobal, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el panorama para las infancias en los pueblos originarios es alarmante. La combinación de su edad, género y origen étnico las coloca en el epicentro de una crisis humanitaria que el Estado no ha logrado frenar.
Uno de los puntos más críticos denunciados por estos colectivos es el aumento exponencial en los reportes de desapariciones. La falta de vigilancia y la precariedad económica convierten a estas niñas en blancos fáciles para las redes de trata de personas.
Sin embargo, el riesgo no termina ahí. Los grupos usan a menores para labores de vigilancia o actividades delictivas. Ante la ausencia de protección institucional, los grupos criminales aprovechan la vulnerabilidad extrema para reclutar forzosamente a quienes deberían estar en las aulas.
A pesar de que el matrimonio infantil está estrictamente prohibido, en Chiapas la realidad sigue otra senda.
Bajo el concepto de “usos y costumbres”, las uniones tempranas persisten, ocultando en muchos casos transacciones económicas o acuerdos familiares que ignoran el consentimiento de la menor.
Esta situación tiene una consecuencia directa: la maternidad forzada. El caso de Deysi, en San Cristóbal de Las Casas, ha resonado como un doloroso recordatorio de esta crisis.
Como ella, decenas de niñas son obligadas a parir y maternar tras haber sido víctimas de abusos sexuales.
La precariedad no sólo afecta la integridad física, sino también el desarrollo futuro de estas niñas. Una investigación de Sarai Miranda Juárez, académica de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), revela cifras preocupantes sobre la participación laboral infantil.
A nivel nacional la participación laboral de niñas y niños subió del 11.4 al 13.1 por ciento.
Aunque las niñas en zonas rurales son las principales beneficiarias de becas escolares, el factor económico las empuja al trabajo.
A tal grado que las niñas representan el 40 por ciento del total de menores que realizan alguna actividad económica.
Mientras las niñas y adolescentes indígenas sigan siendo vistas como mano de obra barata o moneda de cambio en conflictos sociales, el estado de Chiapas seguirá manteniendo una deuda histórica con su población más vulnerable.
