Marco Alvarado / Diario de Chiapas
En Chiapas, un huipil no es sólo una prenda de vestir. Cada puntada en las comunidades de San Andrés Larráinzar o Zinacantán narra la cosmovisión, el linaje y la historia milenaria de un pueblo.
Sin embargo, estos son altamente vulnerables a ser arrancados de su contexto para ser exhibidos en escaparates de lujo o plataformas de fast fashion, dejando tras de sí un rastro de vulnerabilidad económica y erosión cultural.
La industria de la moda ha encontrado en Chiapas una fuente inagotable de inspiración, pero rara vez de colaboración.
Uno de los casos más recientes y polémicos ocurrió en 2023 con la marca Dior. Su colección Crucero 2024 incluyó una reinterpretación de la prenda tradicional masculina de Zinacantán, realizada sin una consulta previa a la comunidad.
En 2018, Zara copió bordados tradicionales en blusas de bajo costo, ignorando a las artesanas de Aguacatenango.
Dos años antes, Madewell plagió el diseño del huipil de San Andrés Larráinzar, vendiéndolo a precios exorbitantes sin retornar un solo centavo a sus creadores originales.
También, Shein fue señalada entre 2022 y 2024 por haber llevado el despojo a una escala industrial, vendiendo copias exactas de huipiles chiapanecos fabricados en serie.
La afectación no es sólo simbólica, es profundamente económica. El mercado se inunda de réplicas masivas que desvirtúan el valor del trabajo manual. Mientras que a una artesana chiapaneca le toma semanas elaborar una pieza a mano, los grandes consorcios producen miles de unidades en horas.
Desde 2022, México cuenta con la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Este marco legal representa un avance al reconocer la propiedad intelectual colectiva, exigir el consentimiento previo, libre e informado, y establecer sanciones penales para las empresas que lucren sin autorización.
Sin embargo, en la práctica, las y los creadores indígenas se enfrentan a una lucha. Mientras las comunidades defienden su herencia, las marcas internacionales despliegan equipos legales para justificar el uso de estos elementos culturales.
