Karla García / Diario de Chiapas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que son constitucionales las sanciones de destitución, inhabilitación y prisión contra servidores públicos en Chiapas que realicen, promuevan u obliguen a personas a someterse a las llamadas terapias de conversión, prácticas orientadas a anular o modificar la orientación sexual o identidad de género.
Durante sesión pública, la SCJN validó el artículo 326 Bis del Código Penal del estado, al concluir que las disposiciones que permiten imponer sanciones administrativas y penales a funcionarios públicos son compatibles con la Constitución, al tratarse de conductas cometidas desde una posición de poder y autoridad.
La ministra María Estela Ríos González, explicó que la norma permite individualizar responsabilidades cuando estas prácticas se realizan en el ejercicio de un cargo público, sin vulnerar el principio de legalidad.
Durante el debate, la ministra Loretta Ortiz Ahlf subrayó que las terapias de conversión se asocian con tratos crueles, inhumanos e incluso con actos de tortura, al partir de la idea errónea de que la diversidad sexual es una condición que debe corregirse.
Ortiz Ahlf añadió que, además de la vía penal, el Estado debe impulsar políticas de prevención, atención a víctimas y capacitación del personal de salud.
Uno de los puntos discutidos fue la permanencia del término “relación doméstica” como agravante. Aunque se propuso eliminarlo por falta de precisión, la mayoría del Pleno determinó conservarlo, al considerar que refuerza la protección de las víctimas cuando existe una relación cercana o de autoridad, permitiendo incluso duplicar las penas.
La resolución de la Corte se da en el contexto de las reformas aprobadas por el Congreso del Estado de Chiapas, que tipificaron como delito las terapias de conversión dentro del capítulo denominado delitos contra la orientación sexual o identidad de género de las personas, estableciendo penas de dos a seis años de prisión y multas económicas.
Legisladores locales señalaron que estas prácticas —también conocidas como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG)— carecen de sustento científico y han sido condenadas por organismos internacionales por generar graves afectaciones físicas y emocionales en las víctimas.
En este marco, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha expresado públicamente su respaldo a las causas de la diversidad sexual y de género, al considerar que la prohibición de estas prácticas representa un avance en la protección de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.
Con esta determinación, la SCJN reafirmó que las conductas que buscan anular la orientación sexual o identidad de género pueden ser sancionadas de manera reforzada, y confirmó que en Chiapas los servidores públicos que incurran en ellas pueden enfrentar consecuencias penales, administrativas y la pérdida de su cargo.
