Por pagos a personas fallecidas y servicios sin comprobación, la ASF exige al Gobierno de Chiapas aclarar el destino de 740.3 millones de pesos del ejercicio 2024, último año de Rutilio Escandón
MdeR/Diario de Chiapas
Tuxtla Gutiérrez.-Una investigación publicada por el periodista Áxel Chavez en el portal https://emeequis.com da a conocer irregularidades por la contratación de servicios sin evidencia documental, la emisión de pagos a trabajadores tras su baja definitiva o fallecimiento, y la falta de transparencia en la adjudicación de obra pública, el Gobierno del Estado de Chiapas debe aclarar el uso de 740 millones 338 mil 358 pesos. Las irregularidades fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras fiscalizar tres fondos federales durante el ejercicio 2024, periodo que marcó el cierre de la administración de Rutilio Escandón Cárdenas.
El informe de la ASF revela que el mayor monto por justificar, ascendente a 685.3 millones de pesos, se concentra en las Participaciones Federales. Entre los hallazgos más críticos destacan pagos por 36.2 millones de pesos en pruebas de laboratorio sin registro de resultados y 55.6 millones de pesos en «servicios integrales» para actos conmemorativos de los cuales no existen versiones públicas ni evidencia de cumplimiento. Además, los auditores señalaron que el 97% de las obras fueron entregadas por adjudicación directa, vulnerando la libre participación de contratistas.
En el rubro de servicios personales, la fiscalización detectó un manejo deficiente de la nómina. Se identificaron pagos por 956 mil pesos a empleados ya dados de baja y otros 3.3 millones por remuneraciones indebidas. En el Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, la situación es similar: la ASF presume un daño al erario por 35.8 millones de pesos en pagos en exceso, incluyendo sueldos destinados a personas que, al momento del cobro, ya habían fallecido, poseían cargos de elección popular o gozaban de licencias sin goce de sueldo.
Finalmente, el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública reportó anomalías por 15.4 millones de pesos, principalmente por irregularidades en el parque vehicular, donde las unidades no cumplían con el balizamiento normativo o presentaban matrículas que no coincidían con los resguardos. La actual administración, encabezada por Eduardo Ramírez Aguilar desde diciembre de 2024, enfrenta ahora el reto de solventar estas observaciones ante un posible perjuicio a la Hacienda Pública Federal.
