- En las tarifas de peaje en las autopistas Tuxtla–San Cristóbal y Ocozocoautla–Arriaga.
Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
Ante el reciente incremento en las tarifas de peaje que entró en vigor el pasado 13 de abril, el diputado local del PRI, Rubén Zuarth, presentó este martes un punto de acuerdo ante la 69 Legislatura del Congreso de Chiapas, calificando el ajuste como un “abuso” que lacera la economía de las familias y del sector productivo del estado.
El legislador exigió un llamado enérgico a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) para que inicien una auditoría inmediata a la empresa “Concesionaria de Autopistas del Sureste”, operadora de las rutas estratégicas Tuxtla–San Cristóbal y Ocozocoautla–Arriaga.
“Queremos cuentas claras: que nos digan en qué se gasta cada peso que pagamos en las cuatro casetas”, sentenció Zuarth.
De acuerdo con el diputado priista, la economía chiapaneca enfrenta actualmente una crisis, y el alza en el peaje, que oscila entre el 4.7 y el 5 %, impacta directamente a los transportistas de carga, pasaje y turismo. Zuarth enfatizó que, pese al cobro, las condiciones de las carreteras no han mostrado mejoras sustanciales que justifiquen el desembolso.
Desde la implementación de las nuevas tarifas, los usuarios de la autopista Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal de Las Casas, la de mayor afluencia en la entidad, han tenido que pagar 105 pesos por automóviles, 52 pesos por motocicletas y 215 pesos por autobuses de hasta cuatro ejes.
Además de la auditoría federal, el diputado consideró urgente que la administración estatal impulse la creación de una Comisión Especial. El objetivo de este organismo sería investigar los criterios técnicos y financieros bajo los cuales la concesionaria autorizó el aumento, debido a que, según denunció, no existió una explicación transparente previa al 13 de abril.
Con esta iniciativa, se busca que el Congreso de Chiapas actúe como contrapeso para defender a los usuarios frente a lo que consideran una política recaudatoria que no garantiza vialidades seguras y eficientes.
