De acuerdo con el Código Penal para el Estado de Chiapas, las conductas relacionadas con la agresión física y psicológica contra las mujeres se tipifican y sancionan principalmente bajo los delitos de Violencia Familiar y Lesiones.
Marco Alvarado / Diario de Chiapas
La difusión de un vídeo que muestra la agresión física contra una mujer en la comunidad Los Chorros, perteneciente al municipio indígena de Chenalhó, generó reacciones en el Congreso local.
En las imágenes, que circularon durante el fin de semana, se observa a un hombre golpear violentamente a la víctima con total impunidad, mientras una persona graba la escena y otra atestigua los hechos sin intervenir.
Ante la gravedad del caso, dos legisladoras locales condenaron los hechos y exigieron la intervención inmediata de las autoridades.
La diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez calificó la situación como lamentable y señaló que el caso expone la complejidad de alcanzar la igualdad de género en Chiapas debido a los persistentes sesgos culturales.
“Tenemos lugares, pueblos, en los que está muy normalizada la violencia; vemos cómo incluso no hay quien defienda a una mujer cuando está siendo víctima de estos hechos”, lamentó.
La legisladora enfatizó que estos actos no deben minimizarse ni justificarse.
“A través de muchos usos y costumbres se sigue perpetuando que es normal que un hombre violente a una mujer y no pasa nada, y no es así. Tenemos leyes y nada debe estar por encima de los derechos humanos y el derecho que tienen todas las mujeres, sin importar su origen, a vivir una vida libre de violencia”.
Por su parte, Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva de la 69 Legislatura local, se sumó a la condena y recordó que, aunque las instituciones gubernamentales han implementado esfuerzos para frenar estas prácticas, la prevención debe reforzarse desde el núcleo comunitario.
“Sabemos que hace falta trabajar mucho desde la base familiar, en las comunidades. Hacemos un llamado a las mujeres de Chiapas a que no vean como normal estos hechos; todo tipo de violencia debe ser denunciada porque cada vez tenemos más instrumentos para poder generar denuncias”, afirmó.
La presidenta del Congreso local recordó que el marco legal vigente en el estado castiga severamente estas conductas, por lo que instó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a dar un seguimiento puntual al delito, dado que, según los primeros reportes, el agresor aún se encuentra prófugo.
La agresión en la comunidad Los Chorros no es un hecho aislado, sino el reflejo de una problemática estructural que afecta a los municipios de la región de Los Altos.
Chiapas mantiene la Alerta de Violencia de Género desde 2016 en siete municipios; activistas demandan su extensión a zonas indígenas como Chenalhó debido al repunte de casos.
Organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos en Chiapas han señalado reiteradamente que, en comunidades con sistemas de gobierno internos , las víctimas de violencia familiar o comunitaria suelen quedar desprotegidas.
Los comités comunitarios o las autoridades tradicionales con frecuencia priorizan la “conciliación” o imponen sanciones menores al agresor, contraviniendo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De acuerdo con el Código Penal para el Estado de Chiapas, las conductas relacionadas con la agresión física y psicológica contra las mujeres se tipifican y sancionan principalmente bajo los delitos de Violencia Familiar y Lesiones.
Al tratarse de un acto violento contra una mujer, la ley en Chiapas establece que este delito se persigue de oficio, lo que significa que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene la obligación de investigar y perseguir al agresor, aun si la víctima no presenta una denuncia formal o si otorga el perdón.
Si la agresión física provoca daños visibles, heridas o alteraciones en la salud de la víctima, el Código Penal sanciona las lesiones en función del tiempo que tarden en sanar y las secuelas que dejen, con hasta ocho años de cárcel.
