- La contaminación en ríos, manantiales y redes de distribución obliga a familias a comprar agua para consumo, pese a que ya pagan por el servicio de agua potable
Ainer González /Diario de Chiapas
La contaminación de ríos, arroyos, manantiales y sistemas de abastecimiento de agua en Chiapas ya no solo representa un problema ambiental, sino también una carga económica para miles de familias y para el sistema de salud, debido al incremento de enfermedades gastrointestinales relacionadas con la mala calidad del agua, advirtió Juan José Rodrigo Jess Poo, director de Ciudadanos por la Acción Territorial en la Cuenca del Valle del Jovel.
El señalamiento ocurre en un contexto nacional en el que el Gobierno de México anunció esta semana una inversión superior a los 20 mil millones de pesos para el saneamiento de ríos con mayor carga de contaminación del país. El programa contempla 93 proyectos en 10 estados y 61 municipios, con impacto para alrededor de 25 millones de personas, además de acciones para ordenar descargas contaminantes, eliminar tiraderos clandestinos, restaurar ecosistemas y recuperar miles de hectáreas vinculadas con estas cuencas.
En ese contexto, el especialista explicó que, aunque en diversos municipios chiapanecos el agua llega de manera constante a las viviendas, las condiciones de contaminación obligan a muchas familias a destinar recursos adicionales para adquirir agua purificada, incluso cuando ya pagan por el servicio de agua potable.
“No, no son severos, pero el problema para el agua en el hogar sí lo agudiza. Platicaba con un maestro en la colonia Santos Degollado y me decía: Yo uso el agua nada más para regar mis plantas y para los excusados. Textual. Y cómo resuelves el problema, pues compro agua”, explicó.
Consideró que esta situación refleja una contradicción para los usuarios, quienes cubren una cuota por el suministro, pero no pueden utilizar el agua para actividades básicas como bañarse, cocinar o beber debido a la desconfianza sobre su calidad.
“Entonces uno dice: Está bien, no está prohibido, pero qué sentido tiene. O sea, cuando debería tener la posibilidad de bañarse con el agua que, además, paga. Y por ahí pasa el problema severo. Pagamos muy poquito, en términos generales, y aquí parece ser una lucha social mal orientada”, reflexionó.
Además del desembolso que realizan las familias para comprar agua embotellada, Rodrigo Jess Poo señaló que existe un costo aún mayor asociado con las enfermedades gastrointestinales provocadas por la contaminación del recurso hídrico, una situación que impacta directamente tanto a la economía familiar como a los sistemas de salud.
Como ejemplo, mencionó el caso de San Cristóbal de Las Casas, donde estimó que cada año se destinan alrededor de 100 millones de pesos para atender padecimientos gastrointestinales vinculados con la calidad del agua.
“Te voy a decir el caso de San Cristóbal. San Cristóbal tiene un gasto anual por enfermedades gastrointestinales de más o menos 100 millones de pesos”, mencionó.
Explicó que, si se realiza un ejercicio similar en municipios con menor número de tomas domiciliarias, el impacto económico continúa siendo considerable. Tan solo en una localidad con aproximadamente 16 mil tomas de agua, si cada familia destinara un promedio de mil pesos al año para atender enfermedades diarreicas, el gasto colectivo alcanzaría cerca de 16 millones de pesos.
“Pongámoslo muy fácil. Aquí calculémoslo con 16 mil tomas. Tú crees que, en promedio, aceptando que el gasto para curar enfermedades gastrointestinales sea de mil pesos por familia al año, ya les costó 16 millones de pesos a los ciudadanos en enfermedades diarreicas. En San Cristóbal son 100 millones de pesos, porque somos 50 mil tomas allá. Entonces, la cuenta se puede hacer rápido”, detalló.
El director de Ciudadanos por la Acción Territorial en la Cuenca del Valle del Jovel sostuvo que, estos recursos, que hoy terminan destinándose a consultas médicas y medicamentos, podrían reducirse significativamente mediante inversiones en infraestructura hidráulica, saneamiento de ríos y mantenimiento de las redes de distribución.
Precisamente, la estrategia presentada por el Gobierno Federal contempla la localización de 479 tiraderos clandestinos y 460 industrias potencialmente contaminantes, la restauración de 4 mil 639 hectáreas, la protección de más de 8 mil hectáreas de áreas naturales y avances de hasta 90 por ciento en las primeras etapas de saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula. Entre las acciones destaca el retiro de 110 mil metros cúbicos de lirio acuático en la presa del río Tula, así como el ordenamiento de 371 descargas contaminantes y la eliminación de 110 tiraderos de basura en el río Atoyac.
Asimismo, Rodrigo Jess Poo consideró necesario generar información más precisa sobre el impacto sanitario que provoca la contaminación del agua, a través de estudios epidemiológicos y registros oficiales del sector salud que permitan dimensionar la magnitud del problema.
“Habría que encuestar y decir, oye, usted tiene… seguramente el sector salud podría decir: Sí hay una venta muy alta de medicamentos para las enfermedades diarreicas”, indicó.
Finalmente, señaló que mejorar la calidad del agua no solo implica recuperar ríos y proteger los ecosistemas, sino también reducir enfermedades, disminuir el gasto de las familias chiapanecas y evitar mayores costos para las instituciones de salud pública. Consideró que las acciones emprendidas por la Federación evidencian que el saneamiento de los cuerpos de agua constituye una inversión estratégica que también podría replicarse en estados como Chiapas, donde diversos afluentes continúan enfrentando problemas de contaminación.
