El diputado Raúl Bolaños (PVEM) propone reformar las leyes General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Orgánica de la Administración Pública Federal
El diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM) impulsa una iniciativa para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, establezcan, coordinen e implementen protocolos integrales, permanentes y articulados para la prevención, detección, atención, investigación y erradicación del reclutamiento, utilización e instrumentalización de niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia organizada.
La propuesta de reformas a las leyes General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Orgánica de la Administración Pública Federal, plantea que dichos mecanismos deberán operar bajo un enfoque de derechos de la niñez, así como de coordinación interinstitucional, e incluir sistemas de identificación y alerta temprana de riesgos en entornos comunitarios, escolares y digitales; protocolos homologados de actuación para autoridades de seguridad, procuración de justicia, educación, salud y asistencia social.
También, medidas especializadas de protección, atención integral y restitución de derechos para víctimas; estrategias de desarticulación de redes de reclutamiento, incluyendo acciones de inteligencia, investigación y persecución penal; esquemas de coordinación interinstitucional y concurrencia entre órdenes de gobierno, así como con organismos autónomos y, en su caso, con la sociedad civil, y mecanismos de protección a testigos y víctimas.
Además, la Federación, a través de las instancias competentes, emitirá los lineamientos generales para la implementación de estos mecanismos, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades federativas.
El financiamiento de dichos protocolos provendrá prioritariamente de los recursos que deriven de la extinción de dominio, decomiso o aseguramiento de bienes vinculados a la delincuencia organizada, en términos de la legislación aplicable.
Igualmente, se establece la obligación de las autoridades federales, de las entidades, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar el reclutamiento forzado, utilización o instrumentalización –directa o indirecta– de niñas, niños y adolescentes para que participen en la comisión de delitos, en asociaciones delictuosas o en actividades del crimen organizado.
En la fundación, la iniciativa menciona que en México el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado representa una de las violaciones más graves a sus derechos humanos. Este fenómeno, que se manifiesta como una forma de explotación y trata de personas, exponen a millas de menores a la violencia, la coerción y la pérdida de su desarrollo integral, lo que perpetúa ciclos de delincuencia y marginación social.
De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y por la UNICEF, al menos 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por organizaciones criminales. Esa cifra constituye una señal de alerta sobre la existencia de un amplio sector de la población infantil y adolescente cuyas condiciones de vida limitan el pleno ejercicio de sus derechos y obstaculizan su desarrollo integral, refiere.
Indica que entre 2023 y 2024 el número de adolescentes privados de la libertad por delitos asociados a la delincuencia organizada aumentó un 20.6 por ciento, pasando de 899 a mil 84 casos, según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales del INEGI, y los estados de alto riesgo incluyen Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Sonora y Guerrero, en donde distintas organizaciones criminales aprovechan la pobreza, la deserción escolar y la falta de oportunidades.
En el documento se señala que a pesar de que el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a las autoridades a prevenir la incitación o coacción para participar en delitos o asociaciones delictuosas, no existe un protocolo federal específico para prevenir o desmantelar estas redes ni programas de prevención.
Por ello, propone acciones afirmativas para revertir esta crisis mediante protocolos coordinados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Sedena.
