Razones
Jorge Fernández Menéndez
Los lineamientos para los derechos de las audiencias que se presentaron para su consulta a partir de este lunes son un intento más de establecer mecanismos de censura desde el poder para los medios electrónicos. No son tampoco nuevos: el primer intento lo hizo Margarita López Portillo. Luego ya en el gobierno de Peña Nieto se intentó aprobar algo muy similar a los lineamientos que se dieron a conocer ahora, pero los frenó la Suprema Corte. Pero en el gobierno actual, ya con otra Corte, se logró imponer la nueva ley y los lineamientos propuestos, son los que ahora le darán forma.
Las nuevas normas implicarán una catástrofe anunciada para la libertad de expresión. Sin duda lo más peligroso es la amenaza de quitar concesiones o establecer multas exhorbitantes con la posibilidad de cancelar, intervenir programas y medios por decisión del propio gobierno. La norma impide a los medios autorregularse, porque será la agencia del gobierno la que delimitarán la regulación.
Los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias establecen normas imposibles de cumplir para los medios de comunicación electrónicos y la amenaza de procesos judiciales contra periodistas y comunicadores. Son lineamientos sin sentido común, que le otorgan a la agencia de transformación digital y la de telecomunicaciones (que absorbió las atribuciones que tenía el IFT autónomo) prerrogativas que violan la Constitución y los derechos humanos básicos, entre ellos la libertad de expresión.
Se mantiene la suspensión de transmisiones por publicidad dirigida a menores y por violaciones a los derechos de las audiencias. Persisten los Códigos de Ética con obligaciones para evitar información supuestamente falsa, descontextualizada o presentada como actual cuando es histórica, y para establecer criterios que aseguren la veracidad de las noticias.
Se mantiene la obligación de diferenciar opinión de información en todos los ámbitos desde los noticiarios hasta los deportes. En términos reales es imposible hacerlo en la mayoría de los casos. Desde el mismo momento de la presentación de una nota se está dando una opinión editorial. La información y la opinión suelen ser inmediata.
Se dice que la información debe tener oportunidad y veracidad y que la recepción de la información debe llegar a tiempo y en forma conveniente para las audiencias. ¿Quién puede determinar cuáles es “el tiempo y la forma” conveniente para dar una información? Si doy a conocer algo que sucedió hace años, ¿estaría violando la norma de oportunidad o eso deja de ser información para ser opinión?
Dicen que la información debe tener “veracidad”. ¿Quién establece la veracidad? Dicen que la información difundida sobre hechos se debe encontrar respaldada por un ejercicio razonable de investigación y comprobación de su asiento legal. ¿Quién puede establecer qué es “un ejercicio razonable de investigación y su asiento legal”? Si es una filtración, ¿no tiene veracidad? ¿La publicación de las llamadas y comunicaciones de Marina del Pila Avila buscando arreglar sus acusaciones en Estados Unidos sería entonces ilegal o una violación al derecho de las audiencias?
Si existe una denuncia y no es atendida o es desechada por el medio, el órgano regulador puede poner multas enormes, hasta del uno por ciento de los ingresos de una empresa (o incluso intervenir la misma) con toda discrecionalidad.
En ninguna democracia del mundo existen normas similares y un régimen de censura semejante. Lo cierto es que un mecanismo de regulación común, colocado desde afuera y desde arriba simplemente no debería ser posible, salvo que se quiera unificar una ideología, una moral y una estética que siempre terminarán siendo las del grupo en el poder, aunque sea de una mayoría, y deja sin capacidad de expresión a los disidentes o las minorías: y la posibilidad de la libre expresión de las disidencias y las minorías, es uno de los rasgos distintos de cualquier democracia.
En las democracias contemporáneas la autorregulación de los medios de radio y televisión es la que garantiza no sólo la competencia sino también la libertad de expresión y con ello los más amplios derechos de la audiencia.
Cada medio debe tener un código ético, un compromiso explícito de contenidos con sus lectores, radioescuchas o televidentes, con mecanismos para hacer valer ese código y para darle voz a sus consumidores cuando ese código sea violado. Cada medio debe hacer público ese compromiso y las formas que adoptará para garantizarlo. Las formas de autorregulación pueden ser tan sofisticadas como cada medio lo decida, lo mismo que los mecanismos que adopte para hacer cumplir sus propias normas.
Los medios, por definición, son diferentes, atacan distintos públicos, tienen intereses encontrados y formas de expresión en la mayoría de los casos divergentes: simplemente compiten entre sí por quedarse con un público de lectores, radioescuchas o televidentes con una oferta informativa, cultural o de entretenimiento distinta. Por eso establecen compromisos particulares con sus audiencias que pasan por su propia oferta informativa y cultural.
Margarita López Portillo intentó imponer un consejo de regulación de medios dirigido por el Estado que hubiera significado, de haberse echado a andar, un grave retroceso a la libertad de expresión, hubiera frustrado la transición democrática. Ahora se quiere regresar 45 años atrás, impidiendo el verdadero derecho de las audiencias, que es gozar de una auténtica libertad de expresión.
