Razones
Jorge Fernández Menéndez
En octubre de 2017, hace nueve años, Margarita Zavala renunció al PAN en una de las horas más bajas de ese partido, lo que se puso de manifiesto apenas un año después con la desastrosa derrota electoral que llevó al poder a López Obrador.
El 7 de octubre de ese año aquí escribimos que “esa renuncia ha exhibido también la catadura de algunos personajes. Lo del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo es detestable y de una brutal misoginia: calificar a Margarita de “pus del PAN” lo exhibe. Cuando lo quiso arreglar y dijo que hablaba de los senadores rebeldes de su partido (sus propios compañeros de bancada), le fue peor. Ruffo es uno de esos personajes que no tiene la legitimidad para hablar de transparencia y alturas morales. Fue, sí, el primer gobernador de la oposición en el país, gracias a un acuerdo político que alcanzaron en 1989 el presidente Salinas con la entonces dirigencia del PAN, pero dilapidó esa gubernatura y más grave aún, su gente, incluyendo su hermano Claudio, le entregaron el control de Baja California a los Arellano Félix. ¿Desde cuándo Ruffo puede presentarse como un adalid de la transparencia, altura política y moral del panismo?”.
Nueve años después sigo pensando lo mismo de Ruffo. Creo que su gobierno en Baja California fue un desastre y que durante el mismo el control que tuvieron los Arellano Félix alcanzó niveles vergonzosos e incluso con algunos personajes de abierta complicidad. Sus ataques a otros integrantes del PAN (como Margarita y Felipe Calderón, pero también contra muchos otros, incluyendo todos los entonces llamados senadores rebeldes) demostraron su baja catadura política y moral.
Ese texto de 2017, ha sido utilizado por el oficialismo y sus propagandistas para justificar la detención de Ruffo, al que se acusa de ser accionista de una empresa, Ingemar, que tramitó permisos para transportistas que ingresaron combustible ilegal en Baja California. Ruffo fue un muy mal gobernador, un personaje político por el que no tengo simpatía alguna, que dejó (como todos sus sucesores) que los Arellano Félix se adueñaran del estado, pero no está acusado por eso. Está detenido y procesado por un delito por el que la FGR no ha logrado sustenar pruebas sólidas y convincentes: el contrabando de combustible.
Ruffo es accionista de la empresa y no su operador; el combustible ilegal fue introducido a México por una empresa de transportes a la que Ingemar sólo le tramitaba los permisos; no hay detenidos de importancia de toda esa trama supuestamente criminal, pero a Ruffo, que se había presentado a declarar voluntariamente hace más de un año por el mismo caso, se lo termina encerrando en el penal de alta seguridad del Altiplano.
No sé si Ruffo es responsable o no del delito del que se le acusa, pero sí sé que la FGR no ha mostrado las pruebas suficientes como para que esa acusación sea verosímil. Pero, por sobre todas las cosas, sabemos que este es un caso de justicia selectiva: la conjura criminal de la que se acusa a Ruffo no se acerca ni remotamente a la que vemos todos los días en Tamaulipas y que se tramó desde los más altos niveles políticos desde el inicio del gobierno de López Obrador y que involucra al ex secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda; al asesinado empresario Sergio Carmona; a quien lo presentó en Palacio Nacional, el ex vocero y actual coordinador de asesores Jesús Ramírez; al ex presidente de Morena y actual secretario de Educación, Mario Delgado; al gobernador Américo Villareal que fue el representante de Morena en la elección de Rubén Roya Moya en Sinaloa (campaña que financió, entre otros, Carmona); a funcionarios de Aduanas; a dos hijos del ex presidente López Obrador; a Adán Augusto López y todo el esquema criminal ligado a la Barredora. Y la lista no es exhaustiva. Ninguno de ellos ha sido llamado siquiera a declarar por un delito que está comprobado que se cometió desde la estructura del poder.
Apenas esta semana se “descubrió” en Reynosa una refinaría “clandestina” en la que había casi cuatro millones de litros de combustible ilegal. Eran diez grandes tanques de almacenamiento y una estructura de refinación imposible de ignorar. Pero nadie la había visto, tampoco les resultó sospechoso el movimiento que la rodeaba: para transportar los millones de litros de combustible que estaban depositados en la refinería, se hubieran necesitado unos cien camiones de la mayor capacidad de carga de combustible que tenemos en México.
Peor: en el operativo no detuvieron a nadie, ni siquiera personal de vigilancia o choferes de los camiones que allí quedaron. Ni hablar de propietarios, operadores, accionistas, clientes, cómplices en el gobierno federal, estatal o municipal, en una trama criminal que supera en mucho a la que supuestamente está involucrado Ruffo. Lo que sucede que todos los involucrados en el tráfico de combustible en Tamaulipas son de Morena.
Ayer mismo, en Matamoros, fueron incendiados, como represalia por el no pago de extorsiones, 57 camionetas repartidoras de la empresa estadounidense Pepsico. Los empresarios de Matamoros han demandado desde hace semanas que se acabe con las extorsiones. Nadie los escuchó.
Es lamentable aceptarlo pero el subjefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca, Stephen Miller, tiene razón: el sistema político no funciona porque está coptado por el crimen organizado; y la justicia está al servicio de grupos de poder que la hacen inoperante y selectiva. Ruffo fue incapaz como gobernador y negligente con el crimen. Ahora es una víctima del poder. Una cosa no descalifica a la otra.
