Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
La modificación al artículo 103 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del estado de Chiapas ha generado un intenso debate político.
La reforma, impulsada por la bancada de Morena, y aprobada esta semana en Chiapas, contempla la nulidad de un proceso electoral en caso de que exista intervención o injerencia extranjera, una medida que ha sido calificada como insuficiente y fuera de la realidad inmediata que enfrenta el país.
Desde el anuncio de la iniciativa, el planteamiento generó polémica al sostener la narrativa de que los procesos electorales del país corren el riesgo de ser manipulados por naciones extranjeras, sin que hasta el momento se hayan presentado antecedentes o pruebas concretas que respalden dicha postura.
Al respecto, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, criticó la postura del partido en el poder y señaló que, aunque la defensa de la soberanía es un principio válido, el legislativo está evitando discutir el problema de fondo que realmente vulnera las urnas.
“¿Por qué si tenemos la posibilidad de blindar nuestros procesos electorales se decidió dejar fuera la amenaza que hoy más lástima a la democracia mexicana: la intervención del crimen organizado?”, cuestionó la legisladora.
En opinión de Ibarra Gallardo, la estrategia de Morena busca desviar de manera deliberada la atención pública hacia supuestas amenazas externas, omitiendo el verdadero riesgo interno que representan los grupos delictivos para la gobernabilidad del país.
La diputada de la 69 Legislatura local enfatizó que la delincuencia organizada opera para cooptar regiones enteras, intervenir en campañas, imponer candidatos e incluso atentar contra la vida de representantes y autoridades municipales y estatales.
La legisladora señaló que la ciudadanía vive a diario una realidad donde la violencia delictiva condiciona la vida pública y el ejercicio del voto, por lo que resulta indispensable que la legislación contemple la nulidad de una elección cuando se compruebe que el crimen organizado alteró, amenazó, financió o influyó en la voluntad popular.
Sin embargo, denunció que la propuesta para incorporar el blindaje contra la delincuencia organizada fue rechazada por la mayoría de Morena en el Congreso, dejando, a su juicio, un marco legal incompleto y desconectado del contexto de seguridad.
