Eduardo Ruiz-Healy
El Gobierno Federal presume, con razón, una caída de 48% en el promedio diario de homicidios dolosos, de 86.9 víctimas en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026. La cifra es real, pero conviene preguntar de dónde sale.
El INEGI, con datos de certificados de defunción y no de carpetas de investigación abiertas por fiscalías estatales, registró 33,550 presuntos homicidios en 2024 y, en el reporte Defunciones por Homicidio, enero a diciembre de 2025, publicado ayer, anota una cifra preliminar de 27,989 en 2025.
Por otro lado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la fuente que el Gobierno prefiere citar, contó 25,463 homicidios dolosos en 2024 y 20,674 en 2025. La diferencia fue de 8 mil casos en 2024, 24%, y de 7,315 en 2025, 26%. ¿Por qué el gobierno recurre siempre a la cifra del Secretariado y no a la del INEGI? Quizá porque este tarda más en cerrar sus estadísticas
Las cifras preliminares del INEGI casi siempre se revisan al alza. En 2022 pasaron de 32,223 a 33,287 y en 2024, de 33,241 a 33,550. Es probable que los 27,989 de 2025 terminen sobre 28,300, sin que eso borre la baja, solo la modere.
Después de tres administraciones consecutivas en las que la tasa nacional subió o se mantuvo en el nivel más alto de la serie, 23.9 con Calderón en 2011, 29.0 en el pico de 2018 durante Peña Nieto, y una meseta de siete años entre 24.9 y 29.0 que abarcó el sexenio de AMLO, en 2025, el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, la tendencia se revirtió con claridad. La tasa cayó de 25.8 en 2024 a 21.4 en 2025, la baja más pronunciada desde el mínimo histórico de 8.1 registrado en 2007.
El Gobierno también informa en promedios diarios nacionales y en porcentajes de «concentración», es decir, la parte del total de homicidios en cada estado, no en tasas por cada 100,000 habitantes, que es el único método comparable entre estados. Guanajuato concentra 8.8% de los homicidios del país, pero Colima, con una fracción de su población, tiene la tasa más alta de México, 89 por cada 100,000 habitantes en 2025, dato que nunca se menciona.
Sinaloa es la excepción que confirma la regla: pasó de 653 homicidios en 2023 a 1,805 en 2025, tras la fractura entre los Chapitos y la Mayiza. Colima, Morelos, Baja California, Sonora y Guanajuato repiten con las tasas más altas, mientras Yucatán y Coahuila repiten con las más bajas. La diferencia no es un misterio: donde dos cárteles se disputan una plaza o se dividen, la tasa se dispara, y donde un solo grupo domina sin rival, o la geografía aísla al estado de las rutas del tráfico de drogas, armas o personas, la tasa se desploma.
México Evalúa, centro de análisis independiente, calcula la impunidad en homicidios en 93.6 sobre 100 y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del INEGI, publicada el 18 de septiembre de 2025, anotó una impunidad del 93.2% en el total de delitos de 2024, casi idéntica a la de homicidios. Esos números no se ha movido en años, y es el que en verdad define si un país vive en paz o solo administra su violencia. Los homicidios pueden bajar durante años sin que la impunidad ceda un punto. Cuando eso ocurre, lo que baja no es el crimen. Es la posibilidad de que alguien lo pague
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