Puntos Fiscales
José Luis León Robles
Hay delitos que generan indignación inmediata porque su violencia es visible. Un homicidio, un enfrentamiento armado o una balacera ocupan titulares, provocan alarma y obligan a las autoridades a responder. Sin embargo, existen otros delitos cuya violencia es menos evidente, pero cuyos efectos se infiltran lentamente en la vida económica y social de un país. En México, la extorsión se ha convertido en algo más que un delito. En muchas regiones representa una auténtica economía criminal, una estructura paralela que obtiene recursos mediante amenazas, intimidación y miedo. Es, en los hechos, una especie de impuesto ilegal impuesto por organizaciones criminales a quienes trabajan, producen, comercian o simplemente intentan mantener abierto un negocio. El problema es particularmente grave porque la víctima no siempre es una gran empresa. Con frecuencia, quien recibe la amenaza es el propietario de una pequeña tienda, un restaurante, un transportista, un agricultor, un comerciante de mercado o una persona que durante años ha construido, con esfuerzo, un patrimonio familiar. La extorsión tiene una característica que la hace especialmente peligrosa: no requiere necesariamente controlar todo un territorio para producir ganancias, basta una llamada, Basta un mensaje, basta conocer el nombre de la víctima, la ubicación de su negocio o algunos datos de su familia. La tecnología ha facilitado nuevas modalidades de extorsión. Las llamadas telefónicas, los mensajes instantáneos y las redes sociales permiten que un delincuente pueda intentar intimidar a una persona sin siquiera encontrarse físicamente cerca de ella. Pero existe una diferencia fundamental entre la extorsión telefónica y el llamado cobro de piso. En el primer caso, el delincuente puede operar desde cualquier lugar y utilizar el engaño para obtener dinero. En el segundo, la amenaza suele estar vinculada con una estructura criminal que pretende ejercer control sobre una actividad económica o un territorio. Y cuando el crimen organizado logra establecer esa capacidad de control, el problema deja de ser únicamente policial. Se convierte en un problema económico, en un problema social y sobre todo, se convierte en un problema de Estado. Porque si una organización criminal puede decidir quién abre un negocio, quién transporta mercancías, quién produce, quién vende o cuánto debe pagar para continuar trabajando, entonces estamos frente a una realidad alarmante: el Estado está compartiendo, o perdiendo, parte de su capacidad para ejercer autoridad. La extorsión también aumenta los precios, muchas veces se habla de inflación, de costos de producción, de combustibles o de problemas en las cadenas de suministro. Sin embargo, pocas veces se analiza con suficiente profundidad el costo económico de la inseguridad. La delincuencia también genera inflación, cuando un transportista debe pagar mayores medidas de seguridad, ese costo termina reflejándose en el precio de la mercancía. Cuando un comerciante pierde dinero por amenazas o extorsiones, busca recuperar parte de sus pérdidas. Cuando una empresa debe contratar seguridad adicional, modificar rutas de transporte o limitar horarios de operación, sus costos aumentan. Durante muchos años, uno de los grandes problemas de México ha sido la fragmentación institucional. Una corporación tiene información que otra no posee. Un municipio enfrenta un problema que no puede resolver. Una fiscalía investiga sin contar con suficientes elementos. Y, mientras las instituciones discuten competencias, los delincuentes continúan operando. La delincuencia organizada no respeta límites territoriales, un grupo puede operar en varios estados, por eso, la respuesta tampoco puede ser limitada. México necesita inteligencia financiera, investigación criminal, coordinación entre instituciones y una estrategia que permita atacar no solamente a los ejecutores, sino a las estructuras económicas que hacen posible la operación criminal. México no puede acostumbrarse a que el miedo forme parte de la administración de un negocio. No podemos aceptar como normal que un ciudadano tenga que pagar para poder trabajar. Porque cuando la delincuencia cobra por permitir que una persona produzca, venda o invierta, no solamente se está cometiendo un delito. Y esa es, quizá, una de las batallas más importantes que México tendrá que librar en los próximos años. Si el creador nos lo permite, nos estaremos leyendo la siguiente semana en esta su columna.
