El encuentro adquirió una relevancia particular al desarrollarse en el marco de la inminente discusión de nuevos criterios jurisprudenciales.
Marco Alvarado / Diario de Chiapas
A 18 años de la implementación de la reforma al sistema de justicia penal en México, la actualización constante de los profesionales del derecho se consolida como una exigencia imperativa frente a las constantes dinámicas jurídicas y los criterios emergentes de las máximas autoridades judiciales.
Bajo este contexto, el juez de primera instancia del Poder Judicial del estado de Chiapas, Gerardo Froylán López Vázquez, impartió la clínica jurídica titulada El uso de las declaraciones previas y su valoración probatoria, celebrada en la sede del Instituto Profesional Educativo del Sur (IPES).
Durante la jornada, el juzgador ofreció un análisis exhaustivo sobre la función crucial que desempeña el órgano jurisdiccional al momento en que las partes procesales ofrecen y desahogan los medios de prueba.
López Vázquez subrayó que, al ser el derecho una disciplina dinámica e intrínsecamente ligada a la evolución social, resulta indispensable capacitar tanto a las nuevas generaciones de abogados como a los operadores que ya se encuentran en funciones dentro de los tribunales.
El encuentro adquirió una relevancia particular al desarrollarse en el marco de la inminente discusión de nuevos criterios jurisprudenciales en materia de vinculación probatoria.
De acuerdo con el juez, la participación conjunta de estudiantes y litigantes en activo permite vislumbrar los retos inmediatos que enfrentará la práctica, especialmente en lo relativo al uso estratégico de las declaraciones previas durante los juicios.
López Vázquez enfatizó que el sistema penal acusatorio fue diseñado para privilegiar principios fundamentales como la transparencia, la contradicción, la inmediación, la continuidad y la igualdad procesal.
Aunque la ciudadanía en general no está obligada a dominar el lenguaje técnico, el juez sostuvo que los profesionales de la materia tienen el deber ético y profesional de traducir estos conceptos abstractos a un lenguaje claro y accesible.
Explicó que es vital saber comunicar con sencillez qué implica una vinculación a proceso, cuáles son los requisitos para decretarla, cómo se pondera cada dato o medio de prueba y bajo qué parámetros la autoridad decide dar inicio formal a un proceso penal.
En ese sentido, se recalcó que la realidad de los juzgados no puede separarse de la teoría académica, por lo que la formación continua es el único camino para consolidar alternativas de justicia más robustas y eficaces en la entidad.
Por su parte, Rubén Gabriel Soberano Velasco, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, celebró la realización de este tipo de ejercicios de actualización.
Soberano Velasco puntualizó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra analizando transformaciones sustanciales respecto a la fuerza probatoria de las evidencias, una realidad técnica a la que los juzgadores y litigantes se enfrentarán de manera cotidiana.
Ambos coincidieron en que el ejercicio del derecho exige una preparación integral para construir sustentos probatorios sólidos, adaptados a las profundas transformaciones que la profesión ha experimentado en las últimas dos décadas.
