Marco Alvarado / Diario de Chiapas
La exigencia del Gobierno Federal para que los usuarios de telefonía celular registren de manera obligatoria sus líneas telefónicas bajo la amenaza de ser suspendidas representa un acto inconstitucional y una afrenta directa a las libertades individuales, aseveró Rubén Gabriel Soberano Velasco, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados.
El representante del gremio jurídico sostuvo que este ordenamiento violenta de forma explícita los artículos 1°, 7°, 8° y 16° de la Constitución, los cuales garantizan desde los derechos humanos básicos y la libertad de expresión, hasta el derecho a la petición y la protección de la intimidad y los datos personales.
Para Soberano Velasco, el trasfondo de esta medida va más allá de un simple control administrativo. La autoridad pretende acotar la información de la ciudadanía para manejarla de modo discrecional, vulnerando el derecho fundamental a la comunicación y coaccionando la libertad de decisión sobre un servicio esencial en la vida cotidiana.
El abogado recordó que este tipo de políticas de control no son nuevas y cuentan con antecedentes jurídicos desfavorables.
Años atrás, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se pronunció en contra de padrones de registro similares dirigidos a telefonía y vehículos, determinando su improcedencia.
Por ello, calificó la reactivación de estas medidas como reintentos del Estado por vigilar e interceder en la vida privada de las y los ciudadanos sin contar con un consenso social previo.
Frente a este panorama, la Barra Chiapaneca de Abogados anunció que asumirá un rol activo en la defensa de la población.
Para contrarrestar la disposición, la organización y diversos despachos jurídicos han puesto a disposición del público en general formatos de amparo de manera gratuita, accesibles a través de sus páginas electrónicas y plataformas digitales, para que cualquier usuario afectado pueda recurrir legalmente contra la suspensión de su línea.
El líder colegiado atribuyó la aprobación de este tipo de normativas a una severa deficiencia en el Poder Legislativo. Acusó que los representantes populares carecen de la preparación necesaria para interpretar la lógica y las normas constitucionales, aprobando iniciativas sin analizar las repercusiones jurídicas ni sociales de sus votos.
Por eso destacó que crear una ley requiere de un análisis multidisciplinario que incluya el criterio de sociólogos y antropólogos. La falta de este rigor técnico genera normas por ocurrencia que perjudican directamente a la sociedad y transgreden tratados internacionales firmados por México, reduciendo gradualmente el margen de los derechos ciudadanos.
