Cafetómano.
Bernardo Figueroa.
La política chiapaneca amaneció distinta el pasado tres de agosto. Una resolución electoral que había permanecido en el terreno técnico adquirió firmeza jurídica y se convirtió en un parteaguas para la vida pública del estado. El Procedimiento Sancionador IEPC/PE-VPRG/009/2025 dejó de ser un número de expediente para transformarse en una lección contundente sobre los límites que la democracia chiapaneca está dispuesta a imponer frente a la violencia política contra las mujeres en razón de género.
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana determinó la responsabilidad administrativa de seis servidores públicos del Ayuntamiento de Huixtla encabezados por el presidente municipal Regulo Palomeque e incluyó al secretario municipal, al tesorero, al secretario de obras públicas, al consejero jurídico y a la contralora municipal. La resolución original data del quince de enero y su firmeza llegó en agosto tras agotarse los plazos legales.
La sanción más severa recayó sobre el edil de Huixtla. Una multa económica de cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco pesos acompaña una inscripción en el Registro Estatal y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por un periodo de cuatro años. La calificación de la infracción fue grave. Los otros cinco funcionarios recibieron amonestación pública y una inscripción en el mismo registro por dos años y ocho meses. El mensaje institucional es inequívoco, la administración municipal completa enfrenta consecuencias por su conducta.
LA SÍNDICA DE HUIXTLA QUE ACTIVÓ EL SISTEMA
La historia que originó este procedimiento tiene un rostro concreto y una valentía que merece reconocimiento. La síndica municipal de Huixtla decidió el veinticuatro de abril de dos mil veinticinco presentar una denuncia formal ante el IEPC por violencia política en razón de género. Ese acto de denuncia marcó una diferencia profunda en la forma en que Chiapas entiende la participación política femenina. Por mucho tiempo, el maltrato a las mujeres en los espacios de poder se vivió como un costo silencioso, un peaje invisible que había que pagar para permanecer en la cosa pública. La síndica rompió ese silencio y el sistema electoral respondió.
La resolución ordena medidas de reparación integral que van más allá del castigo económico. Los seis servidores públicos deben comparecer ante la Unidad Técnica de Género y no Discriminación del IEPC para recibir un curso sobre violencia política contra las mujeres. Deben emitir una disculpa pública individual dirigida a la síndica municipal con perspectiva de género y sin lenguaje sexista. Esa disculpa debe publicarse en tres periódicos de mayor difusión con cobertura en Huixtla, permanecer treinta días naturales en los estrados y la página oficial del ayuntamiento y difundirse sin restricción en todas las redes sociales institucionales. La disculpa debe reconocer expresamente que sus conductas cometieron violencia política en razón de género.
La dimensión preventiva de la resolución merece un análisis cuidadoso. El IEPC vinculó al Ayuntamiento de Huixtla para que elabore lineamientos internos orientados a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Esos lineamientos deberán contener objetivo, marco normativo, conceptos, sujetos, conductas, atención de primer contacto, autoridades competentes, requisitos para presentar quejas, medidas cautelares, sanciones y campañas de sensibilización. La Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género del Gobierno del Estado de Chiapas participará como instancia coadyuvante en su elaboración.
UN CASO FIRME CONTRA LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO
La resolución también ordenó dar vista al Congreso del Estado de Chiapas para que determine lo que en derecho corresponda. Esa vista legislativa abre la puerta a reformas o acciones adicionales que fortalezcan el marco normativo estatal en materia de violencia política de género. El poder legislativo chiapaneco tiene ahora sobre su mesa un expediente que documenta con precisión cómo una administración municipal completa puede operar en contra de una mujer que ejerce un cargo de elección popular.
El caso de Huixtla ofrece lecciones profundas para la cultura política chiapaneca. Durante décadas, la misoginia en el servicio público se normalizó como una característica del ejercicio del poder masculino. Las mujeres que accedían a cargos enfrentaban descalificaciones, exclusión de las decisiones relevantes, negación de recursos y una permanente puesta en duda de su capacidad. Esas conductas rara vez llegaban a los expedientes sancionadores y, cuando lo hacían, se diluían en la burocracia.
El empoderamiento femenino y la igualdad sustantiva dejaron de ser conceptos aspiracionales para convertirse en una realidad medible en términos jurídicos. La síndica de Huixtla no esperó un cambio cultural espontáneo, utilizó las herramientas que la legislación electoral puso a su alcance y obtuvo una respuesta contundente. Su ejemplo es una invitación directa a todas las mujeres chiapanecas que ocupan cargos públicos o aspiran a ellos, la denuncia es un derecho, el sistema electoral la respalda y las sanciones alcanzan a los agresores sin importar su jerarquía.
Desde el Café: El gobernador Eduardo Ramírez, junto al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dieron inicio al Congreso Nacional “Vive Saludable, Vive Feliz” desde el Teatro Hermanos Domínguez, en San Cristóbal de Las Casas. El ejecutivo estatal reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar una política humanista que pone la salud en el centro, promoviendo acciones que invitan a vivir mejor y que se traducen en bienestar para las familias mexicanas… La designación de Carlos Javier Chatu Nango como secretario de Protección Civil de Pantelhó plantea interrogantes que la administración de Julio Pérez debe resolver con urgencia. La ley municipal exige capacitación y certificación vigente para ese cargo, y hasta ahora el Ayuntamiento ha guardado silencio en el asunto. A ello se suma una denuncia ciudadana que refiere una carpeta de investigación por violencia familiar consumada, con una resolución fechada en mayo de 2025 en contra de Carlos Javier Chatu Nango. Las autoridades tendrán que precisar la calidad jurídica del funcionario y el estado actual del procedimiento. La ciudadanía merece saber quién propuso a Chatu Nango, qué antecedentes se revisaron y con qué documentos se autorizó su incorporación. La transparencia es la única vía para restaurar la confianza en una región golpeada por la inseguridad y la impunidad… El panismo estatal atraviesa una de sus etapas más complicadas. En medio de la desmovilización y el repliegue territorial, dos militantes sostienen una apuesta política que merece atención. Nairobi Ojeda y Katy Caravantes encabezan un activismo de recorrido constante, municipio por municipio, con la intención de rescatar las bases que alguna vez dieron identidad al blanquiazul. Su trabajo carece de reflectores y de presupuestos llamativos, pero posee una lógica de reconstrucción profunda. Escuchan a liderazgos locales, reorganizan comités y devuelven presencia partidaria a regiones donde el PAN parecía haber desaparecido. Ese esfuerzo de hormiga, cuesta arriba, es hoy la última resistencia orgánica del partido.
Para terminar: “Llamar a las mujeres el sexo débil es una calumnia; es la injusticia del hombre hacia la mujer”. Lo dijo Mahatma Gandhi.
Son cuestiones del oficio, sigue sin ser nada personal.
