Puntos Fiscales
José Luis León Robles
El llamado huachicol fiscal ha dejado de ser un asunto exclusivamente mexicano. Lo que durante años pudo parecer un problema de evasión tributaria, contrabando y corrupción aduanera, hoy se ha convertido en un asunto de seguridad económica y financiera de carácter bilateral. Estados Unidos observa con creciente atención el movimiento ilegal de combustibles hacia México y, particularmente, las redes empresariales, financieras y logísticas que hacen posible este negocio. La dimensión del problema es considerable. De acuerdo con investigaciones difundidas recientemente, una de las redes de contrabando de combustible habría movilizado más de 800 millones de litros de gasolina en apenas 15 meses, con un impacto estimado de al menos 5 mil 400 millones de pesos para el fisco mexicano. Pero detrás de estas cifras existe algo todavía más delicado: el combustible no desaparece en una frontera. Se compra, se transporta, se documenta o se falsifica su documentación, ingresa a México, se distribuye y finalmente se incorpora a circuitos comerciales aparentemente legales. Es decir, el huachicol fiscal funciona como una verdadera cadena de suministro ilícita. Washington comienza a mirar hacia ambos lados de la frontera, la presión estadounidense sobre México no puede entenderse únicamente como una exigencia política. También existe un interés económico directo. Una parte importante del combustible que ingresa irregularmente a México procede de Estados Unidos. Por ello, para Washington resulta relevante conocer quién vende, quién transporta, quién financia y quién recibe esos hidrocarburos. La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que existe coordinación con autoridades estadounidenses en las investigaciones relacionadas con el contrabando de combustibles, incluyendo comunicación con el Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, cuando es necesario intercambiar información financiera. El combate ya no se limita a revisar una pipa, un buque o un ferrotanque. La investigación comienza a trasladarse hacia las cuentas bancarias, las empresas importadoras, los agentes aduanales, los beneficiarios finales y las operaciones financieras que permiten convertir un producto de procedencia irregular en dinero aparentemente legítimo. Una empresa puede declarar un volumen menor al realmente transportado o clasificar el producto como una mercancía distinta para disminuir o evitar las cargas fiscales correspondientes. La propia Presidencia de México ha explicado públicamente estos mecanismos: declarar menos combustible del realmente transportado o reportarlo como otro producto con una carga fiscal diferente. Por eso la investigación del huachicol fiscal exige mucho más que decomisos. Requiere auditoría, inteligencia financiera, trazabilidad documental, análisis de comercio exterior, revisión de pedimentos, comprobantes fiscales, cuentas bancarias, contratos, empresas relacionadas y beneficiarios efectivos. En otras palabras, es un delito que debe combatirse también con contadores, auditores, abogados, especialistas fiscales y peritos. Estados Unidos posee una enorme capacidad para rastrear operaciones financieras internacionales y utilizar mecanismos de sanciones, restricciones y cooperación institucional. Cuando una operación de combustible ilegal involucra empresas estadounidenses, instituciones financieras o transferencias que pasan por el sistema financiero de aquel país, el margen de maniobra de las autoridades mexicanas puede complementarse y también ser presionado por las autoridades estadounidenses. El huachicol fiscal representa una prueba para las instituciones mexicanas porque pone bajo la lupa precisamente aquellas áreas donde históricamente existen mayores riesgos: aduanas, comercio exterior, corrupción, fiscalización, empresas fachadas y operaciones financieras. La ofensiva reciente muestra que el problema es más profundo de lo que inicialmente se reconocía. Investigaciones oficiales y periodísticas han documentado modalidades marítimas y ferroviarias, así como esquemas en los que el combustible habría sido declarado como otros productos o con volúmenes inferiores a los realmente transportados. El reto para México ya no consiste solamente en detener el huachicol fiscal. Consiste en demostrar que ninguna cantidad de dinero, ninguna empresa fachada y ninguna posición política o administrativa puede estar por encima de la ley. Agradezco como siempre sus finas atenciones, y si el creador del universo nos lo permite nos estaremos leyendo la siguiente semana.
