Marco Alvarado / Diario de Chiapas
Investigaciones recientes dadas a conocer por la Red de Acción sobre el Alcohol (RASA) exponen que la población respalda el fortalecimiento de las políticas públicas para reducir los daños asociados al consumo de alcohol.
Estos datos exponen que la población no solo acepta un control más estricto, sino que apoya activamente medidas de impacto fiscal y social, incluso entre quienes consumen bebidas alcohólicas de manera frecuente.
De acuerdo con el primer estudio, desarrollado en conjunto por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), un 95.7 por ciento de los encuestados está a favor de garantizar el derecho al diagnóstico y tratamiento de adicciones, mientras que el 95.6 por ciento aprueba endurecer las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol.
Asimismo, el 92.8 por ciento apoya la ampliación de los operativos de alcoholimetría en las calles.
El rechazo a la comercialización desmedida también se refleja en la regulación de espacios, horarios y publicidad.
Ocho de cada diez personas están de acuerdo con reducir los puntos y horarios de venta de alcohol, prohibir los patrocinios en equipos o eventos deportivos y elevar la edad mínima legal para la compra de estas bebidas.
Incluso la medida de reducir el número total de establecimientos autorizados para expender alcohol cuenta con el respaldo del 79.4 por ciento de la población.
Por otro lado, una encuesta elaborada por la firma DINAMIA complementa este panorama al revelar que el 94 por ciento de los mexicanos califica el consumo de alcohol como un problema grave de salud pública.
La mayor preocupación ciudadana radica en la violencia vinculada a su ingesta, especialmente la violencia ejercida contra las mujeres.
