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Al final de los trabajos de la Quinta Plenaria, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI recibieron a pensionados de Pemex y CFE, quienes manifestaron su preocupación por los cambios en la ley que han violentado sus derechos laborales adquiridos. Se escucharon sus inquietudes.
Por ello, los priistas, en voz del coordinador parlamentario Rubén Moreria, adelantaron que trabajarán en propuestas que ayuden a solucionar su situación, tanto en el Congreso de la Unión como en algunos congresos estatales para seguir apoyando a las y los jubilados del sector energético.
Los representantes de Pemex y CFE, encabezados por Verónica Navarro y Mario Cubría Platas, de CFE, y Jesús García Torres, de Pemex, solicitaron que la reforma al artículo 127 no aplique retroactivamente a jubilaciones legalmente constituidas, que establezca parámetros uniformes y no regresivos, y que garantice recursos para cumplirlas.
Aclararon que su postura no busca frenar la austeridad ni proteger privilegios mal habidos, sino defender los derechos legítimos de quienes cumplieron con 25, 30 y hasta 40 años de servicio legal y contractual.
Señalaron que están plenamente de acuerdo con el Ejecutivo Federal en sancionar y revisar de manera individualizada aquellas pensiones otorgadas al margen de la ley o de instrumentos laborales legítimos. Sin embargo, advirtieron que la redacción actual del proyecto de decreto pone en riesgo indiscriminado el fruto del esfuerzo de miles de trabajadores retirados.
Los representantes de los extrabajadores propusieron que el artículo segundo transitorio se refiera exclusivamente a las jubilaciones otorgadas al margen de instrumentos jurídicos que prevean planes de retiro.
«No pedimos derogar el transitorio, pedimos precisarlo», puntualizaron. De este modo, el Estado conservará su fuerza contra la corrupción y las pensiones anómalas, excluyendo a quienes cotizaron legalmente durante décadas.
«No les pedimos que se opongan a la reforma. Les pedimos que nos ayuden para que esta vez quede completa y cierre definitivamente la controversia. Lo que está en juego no es solamente la pensión de quienes ya nos hemos retirado, sino la capacidad del Estado para operar lo que la Constitución le ordena. No pedimos privilegios, pedimos certeza jurídica», aseguraron.
Los jubilados y pensionados reiteraron su disposición al diálogo constructivo con todas las fuerzas políticas del Congreso de la Unión para lograr un marco normativo equilibrado, justo y financieramente viable para el país.
