- El INPI reportó una amplia participación de las comunidades tseltal y tsotsil en la construcción colectiva de la nueva Ley Indígena, durante un encuentro celebrado este sábado en San Cristóbal de las Casas; también Venustiano Carranza aportó
Cinthia Ruiz / Marco Alvarado / Diario de Chiapas
La etapa de diálogo para discutir una propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, en la que participaron representantes de 430 comunidades Tsotsiles y Tseltales, con una asistencia aproximada de 2 mil 500 personas.
Entre las comunidades que aportaron a este proceso estuvo Venustiano Carranza, un municipio donde la presencia de población hablante de tsotsil mantiene vigente una parte importante de la identidad, las tradiciones y las formas de organización de sus comunidades.
Su participación cobra relevancia porque la consulta busca precisamente que las voces de los pueblos sean consideradas en la construcción de una legislación que pretende reconocer y garantizar sus derechos. En este tipo de procesos, la presencia de comunidades con una identidad y lengua propias permite que las propuestas no se construyan únicamente desde la perspectiva de las instituciones, sino también desde las experiencias de quienes viven directamente esas realidades.
La Asamblea Regional de Consulta, Diálogo y Consulta Previa, Libre e Informada fue encabezada por el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, y se desarrolló en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena.
La importancia de este ejercicio está en que las comunidades tienen la posibilidad de conocer la propuesta, analizarla y plantear qué consideran necesario modificar, fortalecer o incorporar. Es decir, no se trata únicamente de informarles sobre una ley, sino de abrir un espacio para que puedan participar en su construcción.
Para que esa participación sea efectiva, primero es necesario que exista información suficiente. Por ello, el proceso contempla trabajos previos de preparación y capacitación por parte del INPI, con el objetivo de que quienes participen en las consultas conozcan la metodología y puedan transmitir adecuadamente la información a las comunidades.
Esto resulta particularmente importante cuando se trata de pueblos con diferentes lenguas, culturas y formas de organización. La consulta debe permitir que sus planteamientos sean escuchados desde su propio contexto y que las diferencias entre regiones no queden fuera de la discusión.
En el caso de Venustiano Carranza, su participación representa la incorporación de una comunidad tsotsil al debate sobre una legislación que incidiría precisamente en los derechos de los pueblos indígenas. Su voz permite llevar a la mesa necesidades y experiencias propias de la región, además de contribuir a que la lengua, la cultura y las formas tradicionales de vida sean consideradas dentro de la discusión.
40 autoridades participaron
El INPI reportó una amplia participación de las comunidades tseltal y tsotsil en la construcción colectiva de la nueva Ley Indígena, durante un encuentro celebrado este sábado en San Cristóbal de las Casas.
La reunión congregó a más de dos mil 500 asistentes, reflejando el interés y el compromiso de los pueblos originarios de la región por incidir en las decisiones legislativas que afectan directamente a sus territorios y formas de vida.
Entre las personas participantes se registró la presencia de mil 40 autoridades tradicionales y comunitarias de ambos pueblos, quienes acudieron para analizar y aportar propuestas al proyecto normativo.
La iniciativa busca crear una Ley General que desarrolle el mandato constitucional que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con plena autonomía.
Asimismo, plantea establecer mecanismos institucionales concretos para garantizar que estos derechos se ejerzan de manera efectiva en la vida cotidiana y no se queden únicamente en el papel.
Durante la jornada de trabajo, las y los asistentes resaltaron como un avance fundamental que la propuesta reconozca de manera específica los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas.
Las autoridades y representantes coincidieron en que esta inclusión representa un cambio de fondo para combatir las condiciones estructurales de desigualdad, discriminación y violencia que las mujeres de estas comunidades han enfrentado históricamente, marcando un paso decisivo hacia la justicia social y el respeto integral a sus derechos.
