Cafetómano
Bernardo Figueroa
La reforma electoral aprobada en Chiapas el 3 de septiembre de 2026 modifica un aspecto medular de la elección local de 2027. Quienes ocupen cargos públicos y busquen contender deberán separarse de sus funciones noventa días antes de la jornada electoral, es decir, a más tardar el 8 de marzo. El cambio parece técnico, pero redefine los tiempos políticos y administrativos del Estado. El Congreso reformó la fracción VI del artículo 40 de la Constitución local y varias disposiciones de la LIPEECH. Antes de esta modificación, la mayoría de los servidores públicos debían separarse desde el inicio del proceso electoral, en enero de 2027, salvo quienes aspiraban a una diputación local, que ya tenían el estándar de noventa días. Ahora esa regla se generaliza para todos los cargos.
La jurisprudencia electoral ha señalado que los requisitos de elegibilidad deben estar expresamente previstos y ser razonables. El plazo de separación de 120 a noventa es una medida que amplía el ejercicio de ese derecho, lo que la hace más defendible jurídicamente que una restricción mayor. La Suprema Corte y el Tribunal Electoral han aceptado que las entidades federativas ajusten estos plazos mientras no exista una regla federal rígida. La proporcionalidad de los noventa días se sostiene por tres razones. Primera, persigue un fin legítimo, evitar que el cargo público se use para obtener ventaja electoral, como exige el artículo 134 constitucional. Segunda, es idónea, pues quien se separa materialmente del cargo reduce el riesgo de aprovechar recursos humanos o financieros. Tercera, es proporcional; noventa días protegen la equidad sin obligar a un abandono prematuro de la función pública.
NOVENTA DÍAS LEGALES, SEMANAS PARTIDISTAS
El argumento de gobernabilidad tiene un peso específico. El proceso electoral local iniciará el 10 de enero de 2027; las precampañas serán del 3 al 12 de febrero, el registro de candidaturas del 21 al 26 de marzo y las campañas del 4 de mayo al 2 de junio. Bajo la regla anterior, los servidores públicos tendrían que salir en enero, semanas antes de las precampañas y a menudo sin certeza de su postulación. Con la reforma, permanecen hasta marzo, lo que reduce los periodos de encargos interinos y sustituciones que debilitan la operación de municipios y dependencias. La continuidad gubernamental mejora de manera notable. La certeza jurídica también se fortalece. La ley anterior usaba una referencia ambigua, la fecha de inicio del proceso electoral, que obligaba a cálculos institucionales separados de la jornada misma. La nueva regla fija un parámetro objetivo, noventa días antes del 6 de junio de 2027. Aspirantes, partidos y autoridades podrán saber con precisión cuándo debe presentarse la licencia correspondiente. Esa claridad reduce litigios y criterios discrecionales.
Un matiz relevante es que para las diputaciones locales el plazo de noventa días ya existía desde marzo de 2025. La verdadera novedad de esta reforma es extender ese estándar a alcaldías y otros cargos que antes dependían del inicio del proceso. Presentar el cambio como una concesión a futuros legisladores sería un error de lectura. La modificación alcanza todo el sistema político local y altera la relación entre función pública y competencia electoral en todo Chiapas. La reforma no toca el artículo 134 constitucional. Quien permanezca en el cargo hasta marzo de 2027 seguirá obligado a la imparcialidad, con prohibición de usar propaganda gubernamental para posicionarse. Las reglas contra actos anticipados y promoción personalizada continúan vigentes. La Suprema Corte ha reconocido que la permanencia en el cargo no implica automáticamente una violación constitucional cuando existen mecanismos de sanción. El reto será la capacidad del IEPC para vigilar a quienes sigan en funciones durante los primeros meses de 2027.
EL DOBLE RELOJ DE LA SUCESIÓN CHIAPANECA.
En términos políticos, el efecto principal es retrasar la salida de los aspirantes hasta marzo. Eso amplía la ventana de decisión, fortalece la continuidad operativa de los gobiernos y concentra el valor político del periodo enero-marzo de 2027. Será entonces cuando se definan postulaciones, renuncias y sustituciones. La reforma no adelanta la competencia, la compacta cerca de la jornada electoral. Los principales beneficiados serán los servidores públicos en ejercicio que dependan de una decisión partidista posterior, sobre todo quienes necesiten mantener presencia territorial y capacidad de gestión antes de abandonar el cargo. Los partidos también ganan tiempo para sus negociaciones internas. El riesgo es que una mayor permanencia en el cargo pueda convertirse en mayor exposición mediática o uso de recursos públicos con fines electorales, algo que las autoridades deberán fiscalizar con rigor.
La fecha del 8 de marzo de 2027 es el límite legal máximo, pero los partidos políticos pueden imponer requisitos más estrictos en sus estatutos o en las convocatorias internas para seleccionar candidaturas. En el caso de Morena, por ejemplo, las convocatorias para procesos locales en distintos estados han exigido a los aspirantes separarse del cargo público con una anticipación adicional de treinta, cuarenta y cinco o incluso sesenta días antes del plazo legal. En municipios de Coahuila, Veracruz y Estado de México durante elecciones previas, militantes de Morena que ocupaban presidencias municipales o regidurías tuvieron que solicitar licencia en enero, aun cuando la ley les permitía permanecer hasta marzo. Esa dinámica interna obliga a los aspirantes a calcular su salida con base en dos relojes distintos, el de la norma electoral y el de la vida partidista. Para quienes busquen una candidatura de Morena en 2027, la separación efectiva podría ocurrir semanas antes del 8 de marzo, dependiendo de las fechas de registro de precandidaturas y de los plazos fijados por la Comisión Nacional de Elecciones. El margen que concede la reforma podría reducirse en la práctica para quienes compitan en procesos internos con reglas más severas.
Desde el Café: El gobernador Eduardo Ramírez convierte la visita de la UNESCO en Chiapas en un acto de afirmación diplomática. La elección de la entidad como sede del Día Mundial de la Alfabetización trasciende el mero protocolo para consolidarse como un reconocimiento a una estrategia de desarrollo con raíces profundas. La alfabetización se erige como el pilar que sostiene la libertad y la justicia social, acciones que cobran fuerza al vincularse con el objetivo de lograr la prosperidad compartida. La visita de Lidia Arthur Brito, subdirectora general de la Prioridad África y de Relaciones Exteriores de la UNESCO, así como de diversos ministros, es un catalizador para exponer que Chiapas es mucho más que sus indicadores, una entidad que construye su bienestar desde la educación y el respeto a su entorno… El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven, encabezó la 8ª Reunión Plenaria de la FGE con las y los titulares de las fiscalías, coordinaciones y direcciones y la reunión mensual de trabajo con comandantes regionales de la AIIM, en donde reiteró que la prioridad debe ser servir a Chiapas con resultados… El notario Neftalí del Toro ya se puso la playera del Verde, y se dice preparado, en peso crucero y con rodillas mejoradas, para ir en busca de la diputación federal del distrito XII.
Para terminar: “La democracia no reside en votar, sino en contar los votos.” Lo dijo Tom Stoppard.
Son cuestiones del oficio, sigue sin ser nada personal.
