Meganoticias
Representantes de rutas organizadas de Tuxtla Gutiérrez exigieron a la Secretaría de Movilidad y Transporte resolver la revisión de la tarifa y reforzar los operativos contra unidades que presuntamente prestan el servicio público de manera irregular en la capital chiapaneca.
Aumento al pasaje
Señalaron que el ajuste autorizado el 24 de diciembre pasado fue únicamente de un peso, por lo que el costo actual es de 11 pesos, afirmaron que el decreto publicado en el Periódico Oficial establecía revisar la tarifa 6 meses después, pero el plazo venció sin que hasta ahora conozcan el resultado del análisis correspondiente.
Los transportistas argumentaron que el costo actual dificulta el mantenimiento y la renovación de las unidades, aseguraron que Chiapas tiene una de las tarifas más bajas del país y que el sector no cuenta con subsidios, situación que mantiene al transporte público en deterioro total y con unidades obsoletas.
En conferencia de prensa, líderes del sector señalaron que diariamente enfrentan incrementos en refacciones, combustible y neumáticos, mientras que el ingreso no es suficiente para cubrir los gastos operativos. Indicaron que muchos concesionarios han tenido que endeudarse para mantener en circulación sus colectivos.
Transporte pirata
Además, denunciaron que la proliferación de vehículos particulares que ofrecen el servicio sin concesión afecta directamente a las rutas legalmente establecidas, principalmente en colonias de la zona norte, sur y oriente de Tuxtla, donde, aseguran, operan sin control y sin respetar medidas de seguridad.
Pidieron al titular de Movilidad y Transporte, que se retome la mesa de diálogo para definir una tarifa justa basada en estudios técnicos y no en criterios políticos. Consideran que el ajuste debería ser de al menos tres pesos para poder garantizar un servicio digno y seguro.
Finalmente, advirtieron que, de no tener respuesta en los próximos días, analizarán la posibilidad de realizar movilizaciones pacíficas en la capital, aunque reiteraron su disposición a privilegiar el diálogo con las autoridades estatales para evitar afectaciones a los usuarios del transporte público.
