Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
El diputado Juan Salvador Camacho Velasco, vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Cambio Climático del Congreso del estado, destacó que, aunque Chiapas es la entidad con mayor cantidad de recursos hídricos en el país, existe una paradoja entre la abundancia natural y el acceso real de la población.
En el marco del Día de la Gestión Comunitaria del Agua, reconoció la urgencia de fortalecer la infraestructura hídrica en Chiapas, y reconocer y apoyar a las localidades que sostienen la administración del recurso de manera autogestiva.
El legislador confió en que la Ley de Aguas Nacionales genere un impacto significativo en la entidad, al priorizar el reconocimiento legal a las comunidades que gestionan sus propios bienes naturales.
Sin embargo, Camacho Velasco puntualizó que la autonomía organizativa no es suficiente sin el respaldo del Estado.
Detalló que una parte sustancial de la riqueza hídrica chiapaneca se encuentra en mantos subterráneos, pero su extracción requiere de inversiones considerables en infraestructura para la perforación y equipamiento de pozos profundos que garanticen un acceso pleno y continuo.
Esta postura coincide con el pronunciamiento de diversas organizaciones civiles que, en esta fecha conmemorativa, visibilizan el trabajo de comités, patronatos y juntas de agua en zonas rurales y periurbanas.
Estos esquemas representativos constituyen un pilar fundamental para materializar el derecho humano al agua, operando bajo un modelo histórico, sin fines de lucro y adaptado a las necesidades de cada territorio, como lo señala la organización Cántaro Azul.
Estos grupos destacan que a través del trabajo colectivo, miles de familias no solo asumen la distribución y la cobranza social del servicio, sino también las tareas operativas de mantenimiento y la protección directa de manantiales y cuencas.
Frente a los retos de disponibilidad, calidad y degradación ambiental, organizaciones y legisladores coincidieron en la necesidad de que las leyes de agua locales abran paso a un modelo mixto donde la gestión comunitaria sea formalmente reconocida y respaldada con presupuesto público.
