- Durante su intervención en el programa Z Digital, José Manuel Blanco Urbina, presidente de la organización de abogados, abordó el panorama legal actual bajo ante dicho conflicto territorial
Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
La Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas hizo un llamado urgente a las autoridades para alcanzar una solución definitiva y pacífica en el conflicto territorial entre Chiapas y Oaxaca por la región de los Chimalapas, enfatizando la necesidad de otorgar certeza jurídica y seguridad a los habitantes de la zona afectada.
Durante su intervención en el programa Z Digital, José Manuel Blanco Urbina, presidente de la organización de abogados, abordó el panorama legal actual bajo la premisa “Oaxaca-Chiapas: Por la paz de la fraternidad territorial”.
En su pronunciamiento, calificó como prioritario para la entidad el esclarecimiento de los límites territoriales y expresó su preocupación ante la falta de una resolución concluyente, a pesar de las indicaciones emitidas por la presidenta Claudia Sheinbaum para que los gobernadores de ambas entidades entablen mesas de trabajo y resuelvan esta disputa histórica.
Blanco Urbina explicó que las comunidades involucradas basan sus posturas en resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); sin embargo, estas no se han podido ejecutar debido a deficiencias técnicas de origen en el levantamiento topográfico y las coordenadas geográficas.
Ante este escenario, el jurista señaló que la Suprema Corte debe realizar una aclaración formal que precise de forma inequívoca el territorio correspondiente a cada estado, recordando que el núcleo del asunto comprende aproximadamente 162 mil hectáreas de carácter fundamentalmente agrario.
Asimismo, la representación del gremio de abogados manifestó su disposición para coadyuvar con el gobierno estatal en el cumplimiento de su obligación de resolver el diferendo de manera pacífica.
Subrayó la importancia de garantizar la seguridad, preservar el orden legal y prevenir cualquier escalada de tensión o amenaza entre los pobladores, confiando en que las administraciones estatales acaten las instrucciones del Ejecutivo Federal priorizando el marco legal y el contexto histórico de la región.
