Sumidero
Edgar Hernández Ramírez
Durante años la paridad electoral se pareció a una balanza colocada sobre la mesa de los partidos. La ley vigilaba que hubiera mujeres y hombres en proporciones semejantes, que las planillas alternaran géneros y que las candidatas no fueran enviadas sistemáticamente a territorios con menores posibilidades de triunfo. La reforma aprobada por el Congreso de Chiapas el 14 de septiembre mueve ahora la balanza de lugar. Ya no mira solamente las listas partidistas; empieza a mirar el mapa. La iniciativa fue presentada por el gobernador Eduardo Ramírez y reformó los numerales 1 y 2 del artículo 25 de la legislación electoral estatal.
El cambio parece sencillo, pero modifica la lógica de la competencia municipal. Las planillas deberán respetar el género que corresponda a cada municipio. Para 2027, la Junta de Coordinación Política del Congreso integrará bloques tomando como referencia la lista nominal y realizará una insaculación que determinará los municipios sujetos a postulación femenina. Después vendrá una regla todavía más profunda. En la elección siguiente, el género correspondiente a cada municipio deberá ser el opuesto al de la persona que haya resultado electa anteriormente.
Hasta ahora, la paridad funcionaba principalmente dentro de los partidos. Cada fuerza política podía ordenar sus candidaturas para cumplir el equilibrio legal, dentro de las restricciones establecidas por las autoridades electorales. La nueva fórmula introduce un candado antes de que comience esa negociación. El partido podrá escoger la llave, pero ya no decidirá siempre qué puerta puede abrir.
Ahí reside la innovación de mayor alcance. Si un municipio queda asignado a mujeres, los partidos no podrán resolver su disputa interna postulando a un hombre, por popular que sea, por fuerte que aparezca en las encuestas o por poderosa que resulte la corriente que lo respalde. Primero se conocerá el género permitido y después comenzará la batalla por el nombre. La secuencia se invierte y con ella cambia también una parte de la negociación partidista.
La intención declarada es reducir una brecha conocida entre postulación y ejercicio efectivo del poder. Tener candidaturas paritarias no ha producido automáticamente una cantidad equivalente de gobiernos municipales encabezados por mujeres. El nuevo mecanismo intenta cruzar ese puente. Ya no se concentra únicamente en que ellas aparezcan en la boleta, sino en crear condiciones para incrementar su acceso a las presidencias municipales. Ése fue precisamente uno de los argumentos públicos utilizados para justificar la reforma.
El mecanismo, sin embargo, trae consigo preguntas que apenas comienzan a asomarse. La primera está en la construcción de los bloques. La insaculación ofrece la imagen tranquilizadora de la suerte, aunque antes de meter las papeletas en la urna alguien deberá determinar cómo se agrupan los municipios y bajo qué reglas se garantiza que el procedimiento sea transparente y verificable. El azar puede repartir las cartas, pero las reglas determinan previamente qué cartas entran en la baraja.
Hay además un efecto que rebasa 2027. La alternancia futura no dependerá exclusivamente de lo que cada partido quiera hacer, sino del género de quien haya ganado la elección anterior. De esta manera, cada elección dejará una especie de huella jurídica sobre la siguiente. El voto depositado un domingo terminará proyectando su sombra tres años hacia adelante.
La reforma conserva también la paridad vertical dentro de las planillas y faculta al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para exigir correcciones cuando las postulaciones incumplan las reglas; si el incumplimiento persiste, puede negarse el registro. Los municipios que eligen autoridades mediante sistemas normativos internos quedan exceptuados de este esquema. No estamos, por tanto, ante una recomendación para los partidos, sino ante una condición que restringirá quién puede encabezar determinadas planillas.
Por eso el debate rebasa la consigna de “más mujeres en los ayuntamientos”. Ese es el objetivo explícito de la reforma, pero el procedimiento elegido produce otros efectos institucionales. Reordena el momento en que se toman las decisiones, reduce anticipadamente algunas opciones de los partidos y convierte al territorio en una variable jurídica de la paridad.
Chiapas está pasando de contar mujeres entre las candidaturas a distribuir posibilidades de gobierno sobre el mapa. El nuevo sistema busca ampliar la presencia femenina en las alcaldías, pero al mismo tiempo abre interrogantes sobre su instrumentación, sus límites constitucionales y la manera en que transformará las negociaciones mediante las cuales los partidos reparten candidaturas.
La ley acaba de dibujar nuevas líneas sobre el tablero. Todavía falta conocer quién podrá atravesarlas, quién quedará detrás de ellas y, sobre todo, quién terminará administrando políticamente sus consecuencias.
Esa será la siguiente discusión.
