- Chiapas mantiene pendiente esa legislación federal, pese a que el plazo establecido ya venció en junio pasado; esta modificación es necesaria para reconocer en la entidad a los sistemas comunitarios que durante décadas han abastecido de agua a localidades
Cinthia Ruiz/ Diario de Chiapas
Chiapas mantiene pendiente la armonización de su Ley de Aguas con la legislación federal, pese a que el plazo establecido para que los estados realizaran este proceso ya venció en junio pasado. Esta modificación es necesaria para reconocer en la entidad a los sistemas comunitarios que durante décadas han abastecido de agua a localidades rurales.
Margarita Gutiérrez Vizcaíno, coordinadora programática en México de Fundación Avina, explicó que a nivel nacional la Ley General de Aguas fue aprobada en diciembre de 2025 y estableció un marco jurídico para reconocer a los sistemas comunitarios de agua, además de reglamentar el derecho humano al agua y al saneamiento.
Sin embargo, señaló que los congresos estatales tenían alrededor de seis meses para armonizar sus propias leyes con esta legislación y, de acuerdo con la organización, ese plazo ya concluyó sin que Chiapas haya concretado la modificación.
La importancia de este proceso radica en que, principalmente en las comunidades rurales, el suministro de agua no depende directamente de un organismo operador municipal. Ante la falta de capacidad técnica y económica de algunos municipios para atender a todas sus localidades, las propias comunidades se han organizado durante décadas mediante comités o patronatos de agua.
Esta forma de abastecimiento es conocida como gestión comunitaria del agua. A través de sus propias normas y asambleas, los habitantes se organizan para operar bombas, mover válvulas, llenar tanques y distribuir el agua entre las familias.
Gutiérrez Vizcaíno destacó que estas personas realizan el trabajo de manera voluntaria y sin recibir un salario, aunque en muchos casos enfrentan condiciones precarias para mantener el servicio.
Explicó que existen comunidades donde el agua llega con varios días de diferencia, otras cuentan con manantiales, pero carecen de infraestructura suficiente para llevar el recurso hasta los tanques, mientras que también persisten problemas relacionados con la calidad del agua y el saneamiento.
Esta situación evidencia una brecha entre las condiciones de acceso al agua y saneamiento en las zonas rurales y urbanas, particularmente en comunidades donde los sistemas locales dependen de la capacidad de organización de sus propios habitantes.
Ante este escenario, Fundación Avina plantea cinco puntos que considera necesarios para la armonización de la legislación en Chiapas.
El primero es reconocer legalmente a los comités y patronatos de agua y garantizarles cierto grado de autonomía. El segundo es establecer que estos sistemas no sustituyen las obligaciones del Estado o de los municipios, sino que colaboran en el cumplimiento de una responsabilidad pública.
También propone crear mecanismos de fortalecimiento mediante políticas públicas de la Comisión Estatal del Agua, los municipios y otras dependencias; establecer en los ayuntamientos áreas específicas con personal técnico que acompañe a los sistemas comunitarios; y crear un registro simple, gratuito y voluntario que permita conocer cuántos existen y a cuántas personas abastecen.
La falta de un registro, explicó, también impide dimensionar la aportación que realizan estos sistemas para garantizar el acceso al agua en las comunidades.
Gutiérrez Vizcaíno llamó a mantener informada a la población y pidió al Congreso local avanzar en la armonización. Desde la sociedad civil, señaló, existe disposición para aportar asistencia técnica y conocimiento de campo para construir la legislación estatal.
