Ramiro Gómez / Corresponsal Diario de Chiapas
Copainalá, Chiapas. – Con datos preliminares de la Asamblea Regional que se realiza en Copainalá, Chiapas, participan 870 personas provenientes de 78 comunidades para la construcción de una Ley General de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. En este evento se reúnen las comunidades zoques, tsotsiles, tseltales, Afromexicanos y pluriculturales para garantizar el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos.
Autoridades municipales y comunitarias, representantes de pueblos indígenas, servidores públicos, población en general y observadores se dieron cita en esta región para participar en la construcción de una legislación que busca traducir en acciones concretas los derechos reconocidos constitucionalmente a los pueblos y comunidades indígenas.
La apertura de los trabajos estuvo marcada por un llamado a que la consulta sea un verdadero espacio de diálogo y participación comunitaria.
Keila Janeth Vázquez Camacho, secretaria técnica regional de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz de la Secretaría de Gobernación, señaló que el objetivo es escuchar directamente las propuestas de los pueblos.
“Nos reúne un propósito de la mayor relevancia: participar directamente en la construcción de una ley general. Para el Gobierno de México representa un ejercicio de diálogo; vinimos a escuchar cada planteamiento”.
Uno de los planteamientos centrales de la asamblea fue expresado por Edith López Hernández, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, quien destacó que la consulta representa un proceso para reconocer jurídicamente la identidad, organización y derechos de los pueblos originarios.
“La ley nos dice que somos sujetos de derecho y no objeto de estudio; que hablamos idiomas y no dialectos; que tenemos sistemas normativos internos y no nos mal llamamos usos y costumbres”, expresó.
La legisladora sostuvo que el reconocimiento de los pueblos indígenas debe entenderse como un derecho constitucional y no como una concesión política, por lo que las propuestas y observaciones de las comunidades deberán formar parte de la construcción de la nueva legislación.
Durante la Asamblea Regional también se planteó uno de los principales desafíos de la nueva legislación: pasar del reconocimiento establecido en la Constitución a su aplicación efectiva en las comunidades.
Iván Ramos Méndez, coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), explicó que la propuesta de Ley General busca establecer el vínculo entre los derechos constitucionales y su aplicación en los territorios indígenas.
“Ya tenemos la Constitución modificada, pero todavía no se logra implementar los derechos. La ley general es el escalón para conectar la ley con la realidad, para que llegue a ras de las comunidades”.
En materia de justicia, José Ricardo Gómez Zamarripa, de la Dirección General de Casas de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó la importancia de respetar las formas de justicia de los pueblos y comunidades.
Señaló que el artículo 2º constitucional reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y llamó a que ese reconocimiento se traduzca en condiciones reales para ejercer sus derechos.
Añadió que la participación de las instituciones debe contribuir a una construcción coordinada que permita establecer bases para el respeto de los derechos y la justicia de los pueblos.
Carlos Cruz Cruz, presidente municipal constitucional de Copainalá, dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia de que los pueblos originarios sean escuchados.
“Que sean escuchados, nadie es más y nadie es menos. En este mundo todos somos iguales. Los pueblos originarios son y serán los presentes”.
En la Asamblea Regional participan también Luis Eduardo Salgado Badillo, subdirector de Participación y Consulta del INPI, y Emma Cruz Cruz, titular de la Oficina de Representación del INPI en Chiapas.
